La Constitución del 91 promocionó el neoliberalismo, a pesar de que proclamó un Estado Social de Derecho. Esa contradicción hace que la Carta se considere un ornitorrinco, el eslabón perdido que une mamíferos, aves y reptiles, o un camaleón que cambia de color según las conveniencias. Es un revuelto de ideologías.
El neoliberalismo es una concepción del Estado que limita los intereses públicos en las actividades económicas del sector privado. Rechaza la intervención estatal para controlar los precios y promueve el mayor número de normas y mecanismos para la reducción del tamaño del Estado.
Esa modalidad de la función pública ha venido imponiéndose desde el revolcón del ex Gaviria Trujillo y de ahí que muchas empresas del Estado se hayan vendido para beneficio del capital particular (Isagen) y algunas otras propias del monopolio público, como la salud, la educación , la justicia, la comunicación territorial etc., se disminuyen notablemente.
En un comentario de prensa, publicado en El Espectador, Germán Axel Navas, la semana pasada, expuso: “Cada vez se leen y escuchan más noticias acerca de cómo los robots están desplazando al ser humano en casi todas las actividades. Es así como los cajeros, los porteros, los ascensoristas y hasta las parejas, por citar sólo unos casos, ya no existen o están en vías de extinción, pues las máquinas los están remplazando”.
Es cierto, la actividad estatal cada día se desplaza a medios robotizados o privatizados; por ejemplo, ahora las respuestas telefónicas en los ministerios y otras oficinas las da un conmutador y la atención a los visitantes de sus oficinas la hacen empleados de empresas de vigilancia privada, tal como ocurre en la Secretaria de Salud del Distrito o en el Ministerio de Agricultura, entre otras.
Pero el problema es más grave en cuanto respecta a la garantía de seguridad consignada en el artículo 2° de la Constitución. Esta es una labor que compete a la policía, principalmente. Pero la vigilancia se ha impuesto en las cámaras y a las empresas de vigilancia privada, propiedad de oficiales en retiro, y los agentes, además de hablar por celular, se dedican a imponer multas a los conductores de tránsito, una gestión que genera ingresos a entidades privadas contratadas para adelantar los tramites, como ocurre con las fotomultas y otras modalidades.
Además de lo dicho , resumidamente, a partir de la vigencia del “exótico” e inconstitucional Código Nacional de Policía, los agentes de vigilancia únicamente se ocupan de las contravenciones que den lugar a multas, pues generan intereses para el fisco, independientemente que el orden público, seguridad , salubridad y tranquilidad, se altere por peligros que no se previenen: las construcciones sin licencia, los obstáculos en las vías públicas, el tránsito de alimentos contaminados, la clínicas clandestinas, la venta de objetos hurtados y otras conductas peligrosas en extremo. Eso hay que dejárselo a las empresas privadas, que ahora gobiernan en los lugares públicos, por ejemplo los aeropuertos.