El Consejo Gremial ha tenido la buena idea de publicar, de ahora en adelante, un informe periódico sobre la marcha de los diversos indicadores de la seguridad en Colombia. Acaba de divulgar el primero de ellos.

Hay que registrar, en primer lugar, que es conveniente que haya una fuente seria y alternativa para contrastar los indicadores a menudo edulcorados que suele presentar el gobierno sobre un tema tan sensible para la ciudadanía como es la seguridad.

Los gremios no solo están llamados a divulgar informaciones sobre asuntos atinentes a sus propios intereses sectoriales. Tienen también el derecho y el deber de hacerse oír en el que es quizás el tema de mayor interés para los colombianos hoy: la manera como se está desenvolviendo el espinoso asunto de la seguridad; o mejor, el de la inseguridad, a juzgar por las preocupantes tendencias que exhiben los indicadores sobre la materia.

El informe del Consejo Gremial es verdaderamente alarmante. Cito a continuación apenas algunos hallazgos de los gremios en su informe, sacados en gran parte de las propias fuentes oficiales.

Según datos del ministerio de Defensa, los homicidios en 2023 permanecieron en nivel similar al de 2022: 13.555 para el primer año y 13.540 para el segundo; las llamadas masacres también exhiben un nivel similar para los dos años citados: 93 para el 2022 y 100 para el 2023; sin embargo, donde las cosas lucen que van de mal en peor es con los secuestros que pasaron de un año a otro de 162 a 338, y en extorsiones que muestran un incremento de 9.721 a 11.078 (69% de aumento).

Téngase en cuenta que estas cifras obedecen solo a denuncias presentadas; si tomáramos en cuenta las que nunca son denunciadas por las víctimas los guarismos resultarían mucho más abultados.

Los anteriores son datos provenientes del ministerio de Defensa que ha ordenado el Consejo Gremial. Pero hay otros indicadores: la Corte Suprema de Justicia informa, por ejemplo, que el índice de impunidad ya sobrepasa el 90%, es decir los procesos pendientes que no han tenido aún sentencia de los jueces; al paso que el índice de la prescripción de procesos sigue en aumento lo mismo que las noticias criminales. Es decir, denuncias de la comisión de delitos de toda clase, que según la Fiscalía pasaron de 1,6 millones en 2022 a 1,8 millones en 2023.

Estos son apenas algunos de los muchos indicadores de la degradación que muestra la seguridad ciudadana que pueden encontrarse en este informe.

La pregunta que queda flotando en el ambiente es fundamental ¿Se le está saliendo de control todo el tema de la seguridad al gobierno Petro? La respuesta no es fácil, pero a juzgar por los múltiples indicadores que se recogen en este informe la respuesta parece inclinarse más hacia lo afirmativo que hacia lo negativo. El año 2023 luce mucho más inseguro para la ciudadanía de lo que fue el 2022. Y en lo que va corrido del 2024 las cosas no tienen trazas de mejoría.

Si a lo anterior le sumamos el impasse en que se encuentran todos y cada uno de los ocho procesos de diálogo que conforman la llamada “paz total”, en la que hasta el momento hemos visto más anuncios que realizaciones, las cosas lucen aún más deterioradas.

A lo anterior habría que agregarle la voz angustiada y persistente de todos los estamentos del suroccidente del país reclamando una mayor atención del Estado frente a la aterradora situación de inseguridad que se hace evidente todos los días en esta región.

Y si a todo esto le agregamos por último los resultados de las múltiples encuestas que coinciden en colocar como la principal preocupación de la ciudadanía el deterioro de la seguridad en todas sus expresiones, no podemos dejar de concluir que la inseguridad es -de lejos- el principal problema de la sociedad colombiana en los actuales momentos.