A esa pregunta de los jurados se enfrentarían los votantes el 13 de marzo, pues tendrán que solicitar una tarjeta adicional para participar en las consultas interpartidistas. Ese procedimiento que ha pasado inadvertido e implica que el elector exteriorice una inclinación partidista, genera riesgos en cuanto a transparencia electoral y deja dudas de legalidad.

Las mencionadas consultas públicas se rigen por las normas electorales, las que claramente señalan como principio esencial el voto secreto. Específicamente para el caso de elecciones presidenciales, ordenan que se instale un cubículo dentro del cual cada elector escoja libremente y en secreto la tarjeta electoral, de manera que quede aislado de los demás electores y miembros del jurado de votación al momento de decidir su voto.

Para los próximos comicios, sin embargo, se ha dispuesto que quienes voten en las consultas del Pacto Histórico o de Equipo por Colombia o de la Coalición Centro Esperanza, pidan un tarjetón demás, indicando previamente al jurado en cuál de ellas se quiere participar, para recibir la tarjeta correspondiente.

¿Por qué no se incorporaron en un solo tarjetón las diferentes consultas, de la misma manera en que se incluyen en la tarjeta para Senado los diferentes partidos y movimientos? Esta opción habría ahorrado costos y asegurado la vigencia del voto libre y secreto, no obstante, ya no es tiempo de llorar sobre la leche derramada.

La Registraduría ha señalado como razón reducir los votos nulos, evitando que por confusión se sufrague en varias consultas. También se argumenta el derecho de afiliación a un partido y que la información sobre esta no es reservada. Además, se menciona que el elector podrá escoger secretamente la opción de su preferencia, al marcar en el cubículo sobre el tarjetón que haya pedido.

No obstante, es tiempo de advertir los riesgos que este esquema de votación genera, para que se prendan las alarmas y se adopten medidas urgentes de prevención.

Con la baja conciencia de participación política, ¿qué pasará con miles de votantes que no conocen la dinámica electoral y que se acercan a las mesas sin tener claros los procedimientos? ¿Se superarán barreras de temor o desconfianza para que el sufragante pida la tarjeta electoral de una consulta interpartidista? ¿Cuánto tiene que decir y actuar el jurado frente a cada elector en esta materia? ¿No abre este esquema una peligrosa ventana para que algunos jurados condicionen o encaucen la participación del elector?

Es claro que el mecanismo no determina conocer por qué precandidato o precandidata se va a votar, pero sí que en cada caso el elector tendrá que develar ante el jurado su tendencia o afinidad política.

Con los muy graves antecedentes que las declaraciones de Aida Merlano confirman en cuanto a ilegales prácticas electorales, ¿para qué abrir esta caja de pandora y cómo cerrarla?

A escasos días de los comicios es esencial por lo menos, fortalecer la pedagogía en este aspecto específico, exigir de la autoridad un claro protocolo para precisar la actuación de los jurados y centrar la atención de los órganos de control, testigos electorales, misiones internacionales y de la MOE, en revisar que no se vulnere la privacidad ni la libertad del elector por la exigencia de pedir la tarjeta de una consulta, desechando las otras.

Antes que requerir a la tutela, convendría evaluar para superar este yerro que se entreguen al votante las tres tarjetas de las consultas, validando se introduzca solo una en la urna luego de escoger en el cubículo.

¡Soldado avisado …! Es necesario blindar el proceso electoral, previniendo ruidos que afecten la confianza democrática.