UN juez de Texas detuvo temporalmente un programa del gobierno que acelera el proceso de obtención de estatus legal para cónyuges extranjeros de estadounidenses, un golpe a la política migratoria de Joe Biden a diez semanas de las elecciones presidenciales.
El plan del presidente demócrata anunciado en junio busca beneficiarios al menos a medio millón de inmigrantes en Estados Unidos. Sin embargo, Campbell Barker, un juez federal en Tyler, Texas, acogió una demanda hecha por 16 fiscales generales de estados republicanos, que acusaron al gobierno de evadir la competencia del Congreso y lanzar la medida con propósitos políticos.
"Las reclamaciones son sustanciales y merecen una consideración más detallada de la que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha", escribió el juez Barker en su orden.
Si bien la decisión tiene vigencia por 14 días, el magistrado aclaró que esta podría extenderse incluso hasta mediados de octubre, mientras evalúan elementos presentados por las partes.
El programa de Biden "Mantener a las Familias Unidas" fue lanzado a meses de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que la vicepresidenta, Kamala Harris, se enfrentará al republicano Donald Trump. La solución a la crisis migratoria es un tema clave en la contienda.
Mientras los demócratas buscan un equilibrio entre sanciones a los arribos ilegales y reformas migratorias, Trump ha centrado su campaña en asegurar que Estados Unidos está bajo una "invasión".
La medida permite un 'parole in place', una especie de libertad bajo palabra, para que inmigrantes sin estatus legal que estén casados con estadounidenses y que califiquen para una residencia permanente puedan iniciar sus trámites sin necesidad de abandonar territorio estadounidense.
Las reglas se aplican a quienes estuvieron en el país durante al menos 10 años y se casaron con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024, y también se extienden a aproximadamente 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Los favorecidos recibirán una autorización para trabajar y el derecho a permanecer en los Estados Unidos por hasta tres años mientras solicitan una 'green card'.
Anteriormente, quienes deseaban realizar ese trámite debían hacer sus gestiones fuera del país, en un proceso que toma años y separa familias.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explicó en un comunicado que la decisión del tribunal "no afecta a ninguna solicitud que haya sido aprobada antes de que se emitiera" el fallo. Aclaró que, aunque no se podrán aprobar nuevas solicitudes mientras la suspensión siga vigente, sí seguirán recibiéndolas.
En tanto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, uno de los promotores de la demanda, tomó la decisión judicial.
"El plan inconstitucional de Biden habría recompensado a más de un millón de inmigrantes ilegales con la oportunidad de obtener la ciudadanía después de violar las leyes de nuestro país (...) Este es solo el primer paso. Seguiremos luchando por Texas, nuestro país y el Estado de derecho", escribió en la red social X.
El presidente Biden arremetió contra el fallo de un juez. "Esa decisión es incorrecta. Estas familias no deben ser separadas innecesariamente, deben poder permanecer juntas, y mi administración no dejará de luchar por ellas", afirmó.
En el mismo comunicado, el mandatario asegura que el programa no modifica los requisitos migratorios. "Lo único que hice posible fue que estos residentes de larga duración presentaron la documentación aquí", argumentó.