Edward Arias, Alianza Verde: Con la decisión unilateral del interventor de la Subred Centro Oriente, sin contar con la autorización de la Secretaría Distrital de Salud como entidad rectora del sistema de salud de Bogotá, se rompe la unidad de criterio y coordinación administrativa que deben mantener las entidades del Distrito. Serán más años de demora, afectando a más de 400.000 bogotanos.

Julián Rodríguez Sastoque, Alianza Verde: El presidente Petro sigue perjudicando a Bogotá con sus acciones arbitrarias y el caso de la terminación del contrato es una violación a la autonomía territorial que pocas veces se ha visto en Colombia. El presidente le está quitando a los bogotanos más vulnerables de la ciudad la posibilidad de tener un hospital moderno y de la mejor calidad.

Juan Baena, Nuevo Liberalismo: El presidente Petro nunca ha querido que este contrato se ejecute y ha optado por controlar el complejo hospitalario que, desde la Administración de Peñalosa, está en manos de la Alcaldía. En varias ocasiones ha intentado adquirir el Hospital, pasando por encima de la autonomía del Distrito; de quienes han fungido como alcaldes de la ciudad y, por supuesto, de los intereses que representan.

Juan Manuel Díaz, Nuevo Liberalismo: Ya que el presidente Petro no pudo joder el metro, ahora quiere joder la salud de los bogotanos. Es el colmo que Bogotá esté necesitando más camas, más capacidad hospitalaria y de gestión ante sus ciudadanos para que tengan un mejor servicio de salud, y el Gobierno Nacional vuelva y le ponga el palo en la rueda. No más, Petro, por favor.

Cristina Calderón, Nuevo Liberalismo: La decisión es arbitraria con los bogotanos y pone en riesgo la prestación de los servicios de salud, la estabilidad del sistema distrital de salud e impide y frena la recuperación del hospital. Ahora, esta administración a causa del ego del presidente Gustavo Petro deberá asumir una eventual indemnización por procesos jurídicos alrededor del contrato por más de 100.000 millones de pesos. 

Heidy Sánchez, Pacto Histórico: Es una muy buena noticia porque le devuelve la oportunidad al Estado de redireccionar el proyecto del Hospital Universitario San Juan de Dios reviviendo la posibilidad de convertirlo en un hospital de cuarto nivel, además de recuperar la torre central y sus servicios plenos con los que funcionaba y que no estaban en el contrato de Copasa.

José Cuesta, Pacto Histórico: Son consecuencias positivas, ya se despejó el camino. El Distrito Capital le tiene que vender y responder a la solicitud que ha hecho el presidente Petro, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura porque ya hay un ofrecimiento oficial por parte del Gobierno nacional de la compra de los predios.

Diana Diago, Centro Democrático: Los ciudadanos del centro y sur de la ciudad llevan muchos años esperando una solución que permita la reapertura de este hospital, pero nuevamente, lo que se hace desde el gobierno Petro es convertirse en un obstáculo para el desarrollo y, en este caso, para la salud de los bogotanos. Con esta nueva decisión unilateral que se hace desde la subred intervenida por el gobierno Petro, lo único que se puede esperar es que estas demandas, que seguramente el Distrito va a perder, se multipliquen.

Óscar Ramírez Vahos, Centro Democrático: Pone en riesgo el patrimonio público por la serie de demandas millonarias que se contravienen y que atentan contra las finanzas del Distrito. Afecta el Sistema de Salud de Bogotá, pues sigue retrasando el proyecto para la construcción de una nueva infraestructura de equipamientos de salud del proyecto. Representa una intromisión arbitraria del Gobierno nacional en la autonomía territorial de Bogotá. Los recursos de los bogotanos sin control del Distrito, cerca de medio billón de pesos comprometidos en el contrato quedarán en manos del interventor designado por la Nación.

Andrés Barrios, Centro Democrático: La autonomía de los alcaldes y de los gobernantes debe respetarse. El presidente Gustavo Petro no puede seguir imponiendo su voluntad de afectar los proyectos para Bogotá. Él debe entender que su rol como alcalde ya acabó y que por lo tanto debe respetar la autonomía en la capital. Esta decisión arbitraria traería graves consecuencias no solo para los ciudadanos y la salud de la gente, sino también porque podría desencadenar unos procesos jurídicos bien complejos.

Germán García, Partido Liberal: Es un duro golpe para las finanzas de la ciudad. La intervención de las EPS y con ellas, la Subred Integrada de Servicios Centro Oriente debería tener la finalidad de mejorar las condiciones de prestación de los servicios de salud para los usuarios, pero no puede convertirse en un escenario para que se vulnere la autonomía de las decisiones del Distrito Capital.

Clara Lucía Sandoval, Partido Liberal: La decisión no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava. Esto abre la puerta a demandas contra el Distrito por parte del contratista y, lo peor, retrasa aún más la implementación y puesta en marcha de este complejo hospitalario. En otras palabras, se pierde capacidad hospitalaria y se pone en riesgo la salud de miles de bogotanos.

María Victoria Vargas, Partido Liberal: Se debe analizar la legalidad de esa terminación unilateral del contrato. Será un pleito largo y que afectará aproximadamente a dos millones de personas que iban a beneficiarse de los servicios que se presentarán allí. Lo que sí me parece es que la administración anterior de Claudia López no ha debido firmar un contrato por esa cuantía sin que realmente se tuviesen los conceptos previos para mirar la obra que se iba a realizar.

Rubén Torrado, Partido de la U: Hoy quedó claro que la verdadera intención del gobierno Petro al intervenir la Subred Centro Oriente no era resolver los problemas financieros, que también afectan a otras subredes en Bogotá. El objetivo era ganar control sobre la Subred para poder liquidar unilateralmente el contrato de remodelación del Hospital San Juan de Dios. En lugar de mejorar la salud de los bogotanos, Petro perjudicó a la ciudad.

Marco Acosta, Colombia Justa Libres: Esta noticia es el resultado de una serie de malas decisiones, desde la intervención del Gobierno nacional a la Subred Centro Oriente y la imposición de un mal interventor.  El interés de los bogotanos es que el Hospital San Juan de Dios funcione, este interés prima por encima de los caprichos y las extralimitaciones del Gobierno. El interventor Copasa impuesto para vigilar esta obra, evidentemente no tenía las condiciones técnicas, administrativas y financieras para poder cumplir su rol. En conclusión, una egoísta actuación política, genera un problema distrital y como consecuencia una crisis de acceso a la salud.

Emel Rojas, Bogotá Más Fuerte: El entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro adquirió, los predios del San Juan de Dios y no hizo nada con el complejo hospitalario. Ahora como Gobierno nacional, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, interviene la Subred Centro Oriente. El Ministerio de Cultura ya había autorizado la demolición de la torre central, que es antigua y no cumple ni cumplirá con los requisitos necesarios para habilitar los servicios de un hospital de alta complejidad. Ahora con el contrato terminado, Copasa va a demandar y el Gobierno nacional le deja ese problema al Distrito. Carlos Fernando Galán no solamente va a tener que pagar lo que diga la demanda, sino que, además, nos quedamos sin un hospital en Bogotá.