¿Por qué un paro que reivindica a los pobres, destruye la infraestructura que les sirve a los
pobres? ¿Por qué, si protesta por el hambre, bloquea la distribución de alimentos y produce
más hambre? ¿Por qué, si lucha por la salud, manda a las calles a miles de personas a
enfrentar el contagio y la muerte? ¿Por qué un paro contra el desempleo, destruye más empleo
que la pandemia?
Primero: Porque se desestima el origen de la protesta. Hay inconformidades y siempre las
habrá, pero esa no es la causa, como no lo era la tributaria, ni la salud, ni el Esmad.
Todo comenzó con un presidente, Santos, que traicionó a sus electores y negoció con unos
bandidos que pusieron sobre la mesa su violencia extorsiva; narcoterroristas que no
representaban al país, pero lograron cambiar las instituciones a su acomodo, con la
complicidad de quien despreció la voluntad popular y nos dejó 200.000 hectáreas de coca.
Ese narcotráfico paga hoy la violencia en Cali y el suroccidente, porque la droga sale por el
Pacífico hacia el mundo; y en el oriente, por donde sale hacia Venezuela; y en las capitales,
donde las bandas del microtráfico se “alquilan” para destruir y atacar a la Policía, mientras la
izquierda los califica de inocentes “jovencitos”.
Segundo: Porque los envalentonados líderes del paro no representan al pueblo. ¿Quién los
eligió? ¿En qué instancia deciden las exigencias al gobierno? ¿Cómo se atreven a “prohibirle”
decretar la conmoción interior, en un país que la sufre de manera tan evidente, o exigirle retirar
la Fuerza Pública para entregarles las ciudades a los vándalos? ¿Cómo es posible que
representantes del gobierno hayan legitimado “corredores de vida y paz” en los que vándalos
que ayer saquearon bodegas, hoy deciden quién transita y quién no?
El gobierno está frente a la contraparte equivocada, cuyo único expediente de negociación es
la amenaza extorsiva de Petro y su combo, de “mantener al pueblo en las calles”, mientras se
resisten cínicamente a condenar el vandalismo y los bloqueos.
Tercero: Porque falta autoridad, desde los alcaldes, responsables del orden público con todas
sus consecuencias, como lo ha sostenido la Procuraduría, aunque la CIDH la haya atado de
manos, con el argumento espurio de que la elección popular los hace inimputables.
¡No! Prevarican los que incumplen su deber asustados por la turba, como el de Tuluá, que dejó
incendiar impunemente el Palacio de Justicia por los herederos de quienes lo hicieron en 1985
en Bogotá, con las mismas intenciones narcoterroristas; y prevarican los que tienen su corazón
con el paro, como el de Cali, que le abrió a la minga las puertas de la ciudad a sabiendas de
sus intenciones, o la de Bogotá, que invita a “sus muchachos” a marchar “pacíficamente”, como
si bloquear las calles con música y payasos de ocho a cinco fuera un “bloqueo bueno”;
mientras en la noche, “la primera línea”, como se autodenominan porque juegan a la guerra,
siembra caos y destrucción con apoyo financiero y político del senador Bolívar.
Cuarto: Porque la izquierda ha hecho su tarea de desinformación dentro y fuera del país, con la
complicidad de instituciones sesgadas, como la CIDH, ansiosa de venir a validar su último
comunicado, ácido para condenar al gobierno y tibio frente a quienes destruyen a Colombia.
Y como no hay “quinto malo”, así estamos porque de nada sirve que “los buenos seamos más”,
si no hacemos nada. El país necesita que el Jefe de Estado restituya el principio de autoridad y
restablezca el orden público, como es su obligación constitucional.
@jflafaurie