Me esfuerzo por tratar de tomar con seriedad lo que plantea el presidente, sin embargo, me siento en una ruleta rusa, en donde cualquier cosa puede pasar.

Llevamos días debatiendo públicamente por las mejores inteligencias del país sí, a la mitad del gobierno es viable presentar la propuesta de hacer una Constituyente, sin haber explicado las razones que la justifiquen, cuando de pronto propone ante la ONU    un “procedimiento de fast track” lo que, “nos llevaría a reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el Acuerdo de Paz firmado”.

Tratemos de entender lo que sucede.

Empecemos por explicar que es una Constitución.  Esta es una estructura de derechos, ordenada orgánicamente para que éstos se cumplan. Es un sistema unitario, que no permite el que sea inescindible, es decir que no se puede partir, dividir o escindir, siguiendo los caprichos del gobierno de turno, sin analizarla.

Cualquier reforma a la Constitución utilizando el mecanismo de Asamblea Constituyente requiere primero evaluar si lo que se pretende es imposible lograrlo a través de reformas constitucionales. La Constitución del 91 solo tiene 33 años y que ha sufrido 64 reformas desde que nació, todas sometidas por ley a la aprobación del Congreso. Plantear una Constituyente a la mitad del gobierno es un acto demencial. Tal como dice el constitucionalista Juan Manuel Charry; “Si para sacar una reforma constitucional en el Congreso se requieren ocho debates, pasar el control constitucional, pasar la aprobación del acto legislativo y ser consultada por más de un tercio del censo electoral, luego convocar una Constituyente tardaría más de dos años”.

Aparentemente, la intención de Petro es saltarse el Congreso y por eso ha apelado a la forma reglada en la Constitución del 91 acerca del poder constituyente del pueblo, figura que a su vez contempla tres oportunidades para que lo ejerza: Primero, a través de la democracia representativa, vía referéndum y, por último, vía Constituyente previa aprobación del Congreso, dado que allí reside la representación real del pueblo. Luego, hay que pasar por el Congreso, a no ser que pretenda hacerlo inconstitucionalmente, imponiéndola a la fuerza y utilizando otras vías.  Su argumento principal es que él tiene una base electoral de 11 millones de votos, desconociendo los 18 millones que se sacaron en el Congreso y los 10 millones largos que obtuvo Rodolfo Hernández.

Lo que pretende es que por vía indirecta se afecten unos derechos fundamentales ya adquiridos, como por ejemplo la alternancia política, para conseguir su estadía en la primera magistratura. Como es de conocimiento esta se quitó, ya que fue una pésima experiencia.

La Constitución es coherente con sus postulados; es democrática, participativa, pluralista en el marco de un Estado Social de Derecho. Los cambios y transformaciones sociales se han hecho con esta Constitución.

El magistrado Reyes, en el 33 aniversario de la Constitución, dijo: “la Constitución no es una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable al placer, sino al revés es un texto rígido con muy relativas flexibilidades”.

A su vez, el “fast track” es un procedimiento que nos llevaría a reducir los plazos de tiempo para aprobar corriendo lo que el presidente proponga.

Nilson Pinilla, exmagistrado dice: “lo que quiere Petro es que se venga un llamado pupitrazo para que se aprueben las reformas sin análisis y profundidad”, mientras que. José Gregorio Hernández recuerda que la Constitución fija los tiempos para tramitar las leyes, y para implementar este mecanismo tendrían que modificarla.

El expresidente de la Corte Constitucional, Guerrero, la tachó de ser una medida improvisada que no se puede aplicar.

Presidente, pongamos serios, ya que usted dice ser un demócrata, y hagamos los cambios de acuerdo con la ley. Sus dos propuestas generarían inestabilidad política institucional, afectando la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Respetuosamente le ruego ponerse a trabajar.