Ningún conglomerado humano resistiría más de cinco días sin contar con el servicio de electricidad. Si esta llegara a fallar, en un día morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en un día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en dos fallecerían los bebes que estén en las unidades de neonatos, en tres días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del quinto día morirían los pacientes que requieren diálisis. Así de importante es la seguridad energética para un país.

En el corto plazo Colombia debe hacer un gran esfuerzo tendiente a frenar la caída de las reservas de petróleo y gas, que ponen en riesgo el autoabastecimiento del país, pero se debe ser consciente de que, como lo dijo la ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Christine Figueres, refiriéndose a la industria petrolera pero que puede hacerse extensivo a la industria del carbón, a ellas les “llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.

El año 2015 se constituyó en un hito histórico para la energía, pues ese año el Papa Francisco hizo pública su Encíclica Laudato sí, sobre “el cuidado de la Casa común, las Naciones Unidas adoptó los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a través de la cual se promueve la protección del medioambiente y tuvo lugar la Cumbre de París, la COP21, suscribiéndose un Acuerdo por parte de 195 presidentes y jefes de Estado, entre ellos Colombia.

Colombia cuenta con una arquitectura energética de clase mundial y un sistema regulatorio maduro. Se debe preservar la institucionalidad pero sin caer en la autocomplacencia. Ha llegado la hora de salir de la zona de confort y prepararse para los cambios disruptivos propios de la transición energética.

La transición energética se deberá traducir en una mayor diversificación de la Matriz energética integrando a esta las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre ellas la biomasa, que sirve de materia prima para la producción de los biocombustibles y para la generación de electricidad. Gracias a las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, desde el año 2005 se estableció la obligatoriedad de las mezclas de etanol y biodiesel con el combustible motor y con la Ley 1715 de 2014 se le desbrozó el camino a las FNCER.

Se requiere que la seguridad energética se asuma como una política de Estado y no como política de gobierno. Este es un objetivo de largo aliento, en el que hay que perseverar para poder alcanzar sus objetivos.

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*Miembro de Número de la ACCE