Hace quince años la Corte Constitucional en Colombia despenalizó el aborto para tres causales: malformación del feto, violación o incesto y riesgo físico de la mujer. Si bien ese fue un avance enorme en la materia, permanecen todavía limitaciones para las mujeres a la hora de acceder de manera segura a una interrupción voluntaria del embarazo. ¿La razón? Que aún existe una sanción social hacia la mujer que toma esa decisión incluso en las tres causales autorizadas. Esto tiene un trasfondo adicional y es que en el país las mujeres siguen siendo perseguidas penalmente si deciden tener un aborto fuera de esas tres causales. Esto imparte un halo de ilegalidad frente a esta práctica, que debería ser un derecho para toda mujer.

¿Por qué debería ser un derecho para cualquier mujer poder practicarse un aborto? Porque el delito del aborto es totalmente discriminatorio. Como bien han documentado las mujeres de Causa Justa, la sumatoria de organizaciones de la sociedad civil que desde hace años vienen dando la batalla en este sentido, a quienes se persigue principalmente es a mujeres pobres, campesinas o migrantes que no logran tener acceso al sistema de salud incluso estando cubiertas por las tres causales autorizadas. Además, porque es el único delito que tiene género, siendo perseguido por parte de la fiscalía con una mayor eficacia que la violación y el maltrato intrafamiliar en contra de las mujeres. ¡Se persigue más a las mujeres que buscan un aborto que a quienes las violan!

Una de las decisiones más duras que pueda tomar una mujer en su vida es la de interrumpir voluntariamente su embarazo. Las secuelas psicológicas que deja esta opción en muchas oportunidades no se borran nunca. Por esto, es absurdo e inhumano que a ese proceso tan doloroso que solo podemos experimentar nosotras se sume la persecución judicial. La reglamentación del aborto debe ser un asunto de política pública del sector salud y no del ámbito penal. No se disminuyen los abortos en una sociedad metiendo a las mujeres en la cárcel, sino teniendo una política sanitaria eficiente.

Por tal razón, si la Corte Constitucional esta semana decide aceptar la demanda y despenalizar el aborto, es decir no perseguir más con cárcel a las mujeres, ganamos todos. Gana la sociedad que les dará garantías para hacerlo de manera segura dentro del sistema de salud y no como sucede hoy en día en donde solo el 12% se realiza en un lugar autorizado. Así mismo, ganan aquellas mujeres que quieren un día recurrir a un aborto y las que no, pues estaríamos construyendo una sociedad en donde seremos libres de decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. Y si queremos meterle números y pragmatismo al asunto, la despenalización del aborto hace que se utilicen de manera más responsable los recursos públicos, pues las barreras, malas prácticas y procedimientos inadecuados generan costos adicionales enormes al sistema de salud que pueden reducirse con la eliminación de este delito.

La toma de esa decisión por parte de la Corte posicionaría a Colombia a la vanguardia de los países que protegen los derechos de las mujeres. Porque los derechos de las mujeres son los derechos de todos.