¡Qué vergüenza!

Me refiero a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que ratificó la condena de primera instancia de 30 años de cárcel a un oficial pundonoroso de nuestro Ejército, el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega.
El fallo se basa en testigos suplantados y otros que se retractaron; en delitos que no lo eran cuando se produjo la retoma del Palacio de Justicia; en ignorar pruebas pedidas y presentadas por el Procurador; en rumores, mentiras, inferencias; en pasar por encima de la ley; en confirmar un fallo en el que la fiscal fue destituida por faltas graves y el representante de las víctimas era un victimario del M-19; en ignorar al Departamento de Antropología Forense de la Universidad Nacional y al Tribunal Especial de Instrucción de aquella época. No lo digo yo. Lo dice el magistrado disidente, doctor Hermens Lara, que gastó dieciséis meses dedicado exclusivamente a estudiar el expediente de 40.000 páginas y pidió la absolución del coronel -¡mis respetos, doctor Lara!-, y lo dice el Procurador, un ciudadano del cual nadie puede tener dudas, que ha dicho que es un fallo contra la ley y sin fundamento. ¡Qué vergüenza, señores magistrados!
La sentencia, uno de cuyos magistrados no tuvo la decencia de declararse impedido aunque dicen que fue o es miembro activo del Polo Democrático -entre cuyos fundadores estuvieron Antonio Navarro Wolff, Gustavo Petro, Vera Grabe y Rosemberg Pabón del M-19-, pide que el fiscal Moreno de la Corte Penal Internacional investigue al expresidente Betancur y a sus ministros por delitos de lesa humanidad. Moreno ya no es fiscal; la CPI no tiene competencia para investigar supuestos delitos cometidos antes del 2002; los crímenes imputados no reúnen los requisitos para ser considerados de “lesa humanidad” y el Tribunal no puede disponer eso. ¡Qué vergüenza!
Ordena también que los altos mandos del Ejército pidan perdón por la retoma del Palacio. No los del M-19, no. ¡El Ejército! El Tribunal tampoco puede ordenar semejante exabrupto. Además, tal orden es una ofensa a todo el país y a sus Fuerzas Armadas, de las que todos nos sentimos orgullosos. Piensen en Petro mirando desde los balcones de la Alcaldía ese acto. ¡Qué vergüenza!
Ante las críticas del presidente Santos, quien, como cualquier ciudadano, tiene derecho a opinar, saltan a la palestra los presidentes de la Sala Administrativa de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Penal -este último en un evidente prejuzgamiento, pues debe conocer del recurso de casación- a decir que los fallos de la justicia deben acatarse y no son discutibles. ¡Error! Los fallos deben acatarse, por supuesto, pero pueden ser discutidos y criticados por cualquier persona ¡Qué vergüenza y qué arrogancia!
Todo esto huele mal.
Coda. “Lo peor no es la crueldad de los malos sino el silencio de los buenos” (Martin Luther King). Si la sociedad no actúa, esta Colombia cristiana, libre y democrática que tanto amamos nos la van a arrebatar.