El Procurador del Juramento
Nos quejamos de la justicia y con razón. Álvaro Gómez, de cuyo asesinato se acaban de cumplir 17 años, ya había vislumbrado una de las causas por las cuales la justicia no se aplica rectamente: el perjurio. El Código Penal contempla dos casos especiales de perjurio: las falsas imputaciones, cuando se denuncia bajo juramento a una persona, determinada o no, por una conducta típica punible que no se ha cometido, (artículos 435 y 436) y el falso testimonio, cuando en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento, se falte a la verdad o se la calle total o parcialmente (artículo 442). El perjurio genera pena de prisión y multa. El problema es que los casos de perjurio no se persiguen o se persiguen en pocas ocasiones cuando la realidad muestra que son abundantes y que los procesos más sonados están llenos de testigos que juran en falso y que, en ocasiones, pueden haber sido incitados a hacerlo por los fiscales o por los propios jueces. Los así llamados “pitirris” (por aquel famoso testigo que a cambio de mentir consiguió ser trasladado con su familia al Canadá), son más numerosos que lo que uno piensa, pero los procesos contra ellos no se entablan ni siquiera por las autoridades que deben hacerlo de oficio. En los países civilizados la confesión y el testimonio son pruebas fundamentales en los procesos penales y, por esa razón, el perjurio es un delito gravísimo. Es un problema de ética colectiva: honesto es quien dice la verdad bajo juramento, y digno de repudio quien diga mentiras. Pero aquí no. Se puede mentir sin reato y se considera una astucia o un legítimo recurso procesal. Para abordar este problema, Álvaro Gómez propuso en sus días la creación del Procurador del Juramento (hoy quizá diríamos, el Fiscal del Juramento) que se encargaría de perseguir el perjurio como delito. Perjura el que hace una falsa acusación. Recientemente se ha acusado al rector de la Universidad La Gran Colombia de toda clase de faltas, pero con una clara intención política porque es católico y antiabortista. ¿Cuántos “parapolíticos” están en las mismas? Perjura el que miente al dar un testimonio. ¿Cuántos testigos hemos visto que dicen que fueron forzados a mentir o que les pagaron por ello? Pero las consecuencias de eso, un proceso por perjurio, no se siguen. Perjura el funcionario público que falta a sus deberes, aunque de ahí se puede seguir un prevaricato. ¿Cuántos procesos por prevaricato habrá en Colombia? El Congreso, tan acucioso en presentar proyectos de Actos Legislativos anodinos y tan proclive a reformar el Código Penal, debería pensar que una reforma a la justicia que no se traduzca en un intercambio de favores entre Parlamento y Altas Cortes, debe abordar este tema.
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Coda uno. Bogotá no quiere ser el modelo colombiano del chavismo ni del petrosocialismo del siglo XXI.
Coda dos. Alcaldada: lo que Petro quiere hacer con la decisión de la Corte sobre las corridas de toros.