La Comisión y el fuero militar
El Congreso aprobó una reforma constitucional mediante la cual revivió el fuero militar que había sido asesinado de forma aleve por el fiscal Mario Iguarán y el ministro de defensa Camilo Ospina, con la complicidad posterior del ministro Gabriel Silva. La justicia ordinaria con la patente de corso que le otorgaron se abalanzó como fiera suelta sobre los militares y pronto los detenidos superaron con creces a los guerrilleros presos. Era necesaria una reforma que el Gobierno confió a un grupo conformado por tres expresidentes de la Corte Constitucional incluido el actual Fiscal general, dos exgenerales y un especialista en derecho internacional humanitario, cuyo proyecto con algunos cambios fue el aprobado por el Legislativo. No se lo puede tachar de tendencioso y favorecedor de la impunidad ni nada parecido. Es juicioso y ponderado, pero no del gusto de los mamertos de todos los pelambres que pueblan las ONG nacionales e internacionales. Todavía está crudo, en el sentido de que se necesitan leyes estatutarias para ponerlo en marcha, pero va por buen camino.
Dentro de los enemigos está un órgano del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión, que claramente excede las atribuciones que le confiaron los Estados cuando la crearon. En un reciente comunicado considera que el acto soberano del Congreso representa un “grave retroceso en materia de derechos humanos (porque)amplía significativamente el alcance de la jurisdicción penal militar, (porque) varias de las disposiciones (…) serían incompatibles con la Convención (y porque) contiene disposiciones ambiguas que están supeditadas a una ley estatutaria posterior, y por lo tanto genera incertidumbre jurídica”. Y agrega, luego de reconocer que los delitos más graves seguirán siendo del conocimiento de la justicia ordinaria que “otras graves violaciones a los derechos humanos serían conocidas por la jurisdicción militar, por ejemplo, crímenes de guerra y detenciones arbitrarias, entre otros”.
No tengo espacio para analizar otras barbaridades, así que voy a puntualizar brevemente unos comentarios. Primero: Colombia es todavía un Estado soberano que no necesita la guía de la Comisión que no conoce la realidad nacional para saber qué es lo que más nos conviene. Segundo: no es a la Comisión sino a la Corte Interamericana, a la que compete decir si la reforma es o no compatible con la Convención. Tercero: no hay tal ambigüedad porque la reforma misma contempla la necesidad de leyes estatutarias. Cuarto: la Convención excluye expresamente el derecho internacional humanitario y el derecho de guerra de la competencia de los órganos del sistema. La Comisión no conoce -y desafortunadamente la Corte tampoco- la diferencia entre derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho de guerra, de manera que amplían indebidamente y contra la Convención sus poderes.
Todos los países civilizados del mundo tienen una justicia militar independiente y eficiente. Hasta ahora no he oído que la Comisión critique otro sistema, como por ejemplo el gringo, lo cual resulta sospechoso y favorecedor del enemigo en Colombia, es decir, las Farc.
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Coda. ¡De semejantes amigos, líbranos Señor!