No obstante que un referendo popular en Bolivia, que pretendía dar espacio a una reelección de Evo Morales para otro periodo presidencial, fue votado negativamente en forma copiosa e indiscutible; gracias a maniobras judiciales que se obtienen con Cortes de bolsillo, se abrió paso la posibilidad de un nuevo periodo presidencial, bajo el argumento que no permitir la reelección, constreñía un derecho fundamental de la población.
Así, irregularmente se llegó a unas elecciones, donde de manera anómala y sorpresiva, luego una suspensión abrupta del conteo de votos, donde se evidenciaba una ventaja leve entre los contrincantes que aseguraba una segunda vuelta; una vez se reanudaron los escrutinios, se pasó a una diferencia suficiente, para proclamar al reelegido para un nuevo periodo sin necesidad de la segunda ronda.
Queda confirmado. Ciertas ideologías, cuando llegan al poder, no lo regresan por la vía democrática; se perpetúan en él. Los bolcheviques se tomaron el poder en Rusia y hasta ahora lo mantienen; en Cuba, ni se diga, el partido sigue gobernando; en Venezuela, todos vimos como el Señor Maduro manipuló las elecciones, no permitió el reconteo y se declaró elegido la primera vez y allí continúa contra viento y marea. El boliviano ahora hace lo propio.
La democracia en esos países que, además se ufanan de tenerla, se convierte en una parodia, una apariencia de representación popular, para legitimar el anclaje de esos grupos políticos en el gobierno, de manera indefinida y con el propósito de eternizarse. Los procedimientos son los mismos; los de más experiencia asesoran a los nuevos y ahora resulta que ello garantiza derechos fundamentales.
Por ello nos parece que la consulta que realizó la cancillería colombiana a organismos del sistema interamericano, en el sentido de indagar si la reelección presidencial es un derecho fundamental; a pesar de los buenos propósitos que pudiera encerrar, para presumir ante el vecindario con la respuesta; nos parece un arma de doble filo. Qué tal que les diera por contestar que efectivamente si hay un derecho a la reelección indefinida; es decir, una contestación de tal naturaleza legitimaría todas las reformas constitucionales tendientes a permitir la reelección, con las consecuencias que ello implica, entre otras, legitimar a Evo.
Quién está gobernando dispone de un enorme poderío económico, pues aparece como si fuera el dueño de un patrimonio estatal que se destina para la inversión pública y se presenta ante el público como el realizador de las obras; pero además goza de una inmensa posibilidad de participación mediática que no tienen los demás contrincantes y de la disponibilidad de todo un aparato de bienes públicos para hacerse presente en todos los confines de la zona electoral. La controversia electoral definitivamente es desigual.
Por todo ello, siempre se ha considerado que democracia es alternatividad en el poder; es cambio en los gobiernos e igualdad de oportunidades para los diversos aspirantes. El derecho fundamental en juego es precisamente a esa posibilidad de cambio real y justo sin las ventajas que ofrece el ejercicio del poder.