En estos días inició la cruzada legislativa para pasar, como indica el título de esta columna, un pliego sindical disfrazado de Reforma laboral.
Un texto que no fue concertado con el sector productivo sino con los sindicatos y que ignoró, casi que por completo, las recomendaciones de la Misión de Empleo.
Como toda propuesta populista suena bien y hasta goza de buena intención, pero carece de realismo. El texto desconoce las nuevas dinámicas del mercado y genera un garantismo laboral excesivo que terminará exacerbando los dos principales problemas del mercado laboral colombiano: desempleo e informalidad.
Lo anterior se deberá a la clara estabilidad laboral reforzada que introduce la reforma en donde, por ejemplo, la flexibilidad laboral se acaba de tajo por varias razones: se acaban prácticamente los contratos de término definido por obra o labor, los contratos a término indefinido se convierten en regla casi que inquebrantable y, para la terminación de los mismos, se requerirá la autorización expresa de una autoridad judicial con perjuicio de múltiples demandas o sanciones al empleador como el pago compensatorio del salario de no menos de 45 días de trabajo hasta 345 días.
Como si fuera poco, el articulado también contempla que los recargos dominicales, festivos y nocturnos aumenten del 75% al 100% para 2026, la jornada laboral se reduzca de 48 a 42 horas (propuesta del Centro Democrático) y la jornada nocturna se modifique 6:00pm a 6:00am.
Y como la reforma es la materialización de los sueños mojados de los sindicatos, se establece que las negociaciones entre trabajador y empleador deben ser mediadas por los mismos.
Todo esto terminará acabando a cientos de MiPymes (pequeñas y medianas empresas que generan más del 70% del empleo nacional) que al no poder transferir los nuevos costos al precio final del producto para que el consumidor lo asuma, como posible harán las grandes empresas para sobrevivir, terminarán recortando sus nóminas o contratando de manera informal a sus hoy formalizados empleados para intentar mantenerse a flote.
Después de realizar este análisis no sorprende que entidades serias como el Banco de la República o importantes agremiaciones como Fenalco y la misma academia adviertan que, de pasarse la reforma como está, se estarían poniendo en riesgo más de 400.000 empleos formales en todo el país debido al garantismo excesivo, que aumenta inevitablemente en un 35% los costos para los empleadores.
La primera consecuencia palpable que sufrirá el país es sin duda alguna el aumento de la informalidad, el desplome de la contratación a corto y mediano plazo y un desempleo catastrófico.
Los congresistas deben entender que una reforma de este tipo saliendo de una pandemia que ocasionó una recesión, estando ad portas de entrar a otra recesión, con una reciente reforma tributaria que recarga al empresariado y un aumento loco del salario mínimo los astros se están alineando para una crisis económica solo comparable con el covid-19.
Todo depende de ustedes, ¡no se vendan!