El desconcierto que provocó el resultado de la consulta plebiscitaria en el Gobierno y en las fuerzas que apoyaron el acuerdo final, se ha acentuado con el paso de los días y amenaza con malograr la posibilidad de un pacto nacional que haga posible y políticamente legítimo un nuevo acuerdo de paz. Si bien el Presidente convocó a los representantes del No para que dieran a conocer sus propuestas, parece no haberse percatado de los alcances de su iniciativa, y optó por fungir de receptor y seleccionador de las mismas para dar a conocer las escogidas a las Farc. Creyó, seguramente, que el mandato genérico por la paz que podría desprenderse del Nobel prevalecía sobre le mandato específico del pueblo para construir un acuerdo distinto al que no alcanzó a nacer el 2 de octubre. Confusión que se ha traducido en la creencia que bastarían unos leves ajustes y algunas irrelevantes precisiones al texto de La Habana para revivirlo, como si no hubiera sido rechazado en su totalidad por el pueblo colombiano.     

Ese no constituye el mejor camino para recuperar la confianza en la negociación, superar la extrema polarización que vive el país y construir un nuevo acuerdo que convoque la aceptación de una amplia mayoría ciudadana. Como tampoco sería aceptable un sendero alternativo, sugerido por todos los damnificados del 2 de octubre, consistente en cortejar a las Cortes para invalidar el plebiscito mismo, como consecuencia de una alteración climática en algunos municipios del país, o para declarar la inexequibilidad del artículo 5 del Acto Legislativo para la Paz, con el errado propósito de anular la refrendación, otorgándole vigencia a una reforma constitucional que no alcanzó a nacer por obra del resultado plebiscitario. Leguleyadas que más allá de su picaresca, socavan peligrosamente el Estado de Derecho y constituirían peligroso antecedente para las instituciones democráticas de nuestro ordenamiento jurídico.      

El Gobierno y su equipo negociador deben recordar que son contraparte de las Farc y que su papel consiste en procurar un nuevo instrumento de paz que incluya los reparos coincidentes de las propuestas de los sectores del No, que corresponden a la voluntad mayoritaria expresada en el plebiscito. El Presidente debe aportar claridad sobre su voluntad de lograrlo y sus representantes sobre su disposición de negociarlo, porque vale recordar que todos ellos consideraron el acuerdo rechazado en las urnas como el mejor posible. De no hacerlo, convertirían las sospechas de entrega en certidumbre y restarían legitimidad a cualquier negociación y al resultado que se alcance por medio de ella. Deben estar a la altura de sus responsabilidades.