Injusticia de la Justicia

De todos conocido es que en Colombia no hay justicia. Me refiero a la administración de justicia, esto es, a la capacidad legítima e institucional de resolver los conflictos de todo tipo suscitados entre los miembros de una comunidad política.
Las cifras hablan por sí solas y los datos no son menos contundentes: más del 90 por ciento de los casos en la impunidad; la justicia no es eficiente, célere, eficaz ni mucho menos oportuna; la ineficiencia comparativa con otros Estados nación nos deja en los primeros lugares de corrupción e inoperancia y el ranking de percepción entre los ciudadanos como Doing Bussiness nos ubica en los últimos cinco puestos.
Como si ello fuera poco, todavía en pleno siglo XXI creemos que la administración de justicia debe ser un monopolio del Estado y, en consecuencia, todo lo que suene a justicia “privada” como los laudos arbitrales, son opacados y maltratados por la justicia de toga y martillo. Paradójicamente y bajo ese mismo supuesto del monopolio de la administración de justicia afirmamos que ella es un servicio público esencial pero que, cuando entra en paro y cesación de sus funciones se trata (como el famoso paro judicial de hace tres años), decidimos que ese paro es legal, constitucional y legítimo, como si una sociedad contemporánea se pudiera dar el lujo de vivir sin la Rama Judicial.
Si a tan aterrador panorama le sumamos la politización, -ahora abierta y franca-, de nuestros jueces y magistrados, entenderemos las acomodaticias y aberrantes decisiones a las que nos vemos expuestos.
El caso del atentado terrorista contra el Palacio de Justicia es una prueba irrefutable de ello pero que, sin embargo, hay que analizarlo dentro del contexto del desprestigio, la politización y el drama intelectual por el que atraviesa nuestra Rama Judicial.
Se tomó una decisión política dentro de una providencia jurídica sobre un caso que, hace rato, había culminado como cosa juzgada. El juzgar a los militares y al expresidente de la República que actuaron con la tecnología, la capacitación, la mentalidad y las leyes del momento con los estándares de exigencia que se demandan a las fuerzas del orden hoy, es tan desproporcionado como abiertamente injusto.
Así las cosas, no sé en donde queda la reiterada jurisprudencia de nuestro Consejo de Estado que advierte que los hechos se deben juzgar y fallar con base en las normas, las costumbres y los preceptos constitucionales del momento de los hechos y no con fundamento en las disposiciones existentes en el momento del fallo.