El ministro de Hacienda presentó como escenario ideal un rango de crecimiento del salario mínimo para 2025 entre el 6.2% y el 10% para el próximo año. Esto es entre ochenta y ciento treinta mil pesos, que a la tasa de cambio al día de hoy sería entre 18 y 29 dólares estadounidenses. Respectivamente, con ello se pretende llegar a un aumento que al menos compense la inflación o a una medida subjetiva para llevarlo a un promedio histórico más alto.
Todos los años, al entrar en la discusión, vuelven a presentarse opciones como profundizar realmente en el objetivo del país de regirse por un salario mínimo. Entonces se habla de pensar en diferenciarlo entre regiones o ramas de actividad. Incluso se ha planteado el aumento gradual a lo largo del año, de manera que el monto inicial con sus incrementos paralelos, por ejemplo, en el costo del transporte, útiles escolares o bienes de la canasta básica, no termine por absorber el alza completa al comienzo del año.
Vale decir que el 90% de los países de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) tiene una política pública entorno a la fijación de un salario mínimo. Según Statista, en Colombia, propiamente, el salario mínimo está por debajo de nueve economías latinoamericanas y supera al de Honduras, Panamá, Brasil, Perú, República Dominicana, Argentina y Venezuela, es decir estaría algo por debajo del promedio de la región.
La relevancia del salario mínimo en Colombia recae no sólo en el hecho que son cerca de dos millones y medio de colombianos que dependen de este, que representan casi el 10% de la población ocupada, lo cual es importante, sino que es una referencia popular y para múltiples determinaciones. Así, su relevancia hace pensar que no tendría mucha aceptación un salario mínimo distinto según la región o departamento, aunque el poder adquisitivo o la tasa de empleo varíe entre la ciudad y la zona rural o entre ciudades capitales y municipios más pequeños.
Además, puede afirmarse que la mesa de negociación ha resultado ser un mecanismo idóneo para su discusión con capacidad de concertación, aunque ha habido años en los que se establece por decreto. Sin embargo, sería disruptivo ver que, más allá del tire y afloje normal entre sindicatos, empresarios y gobierno, haya un debate amplio y extenso con la inclusión de mesas regionales y de representantes de las actividades productivas del campo, zonas rurales, actividades peor pagadas y municipios de menor crecimiento económico.
Por otra parte, este año hay que considerar los efectos de la posible aprobación de la reforma laboral que incluye el incremento del recargo nocturno, dominical y festivo. Como remuneración integral, un salario mínimo con prestaciones sociales y auxilio de transporte representa cerca de un 55% más del salario base. Es de esperar que la política de implementación del salario mínimo no contraste con el alto porcentaje de informalidad del país -56%- cuando debería ser más bien un estímulo a la oferta y demanda de trabajo formal.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI