En abril de 2017 Sara, con tan solo 3 añitos, fue llevada por maltrato y abusos al hospital público de Armero Guayabal. Quienes la encontraron en tan deplorable estado optaron trasladarla a la capital tolimense donde solo alcanzó a sobrevivir un día más. Desnutrición, violencia física y abuso sexual sobre esa frágil humanidad fueron las causas del deceso.
Sofía con tan solo 18 meses fue asesinada a golpes por su padre. Vivía en Rionegro, Antioquia, y una mañana salió a dar un paseo con éste y nunca regresó. En un acto de venganza contra su expareja, descargó contra la frágil criatura toda su ira y odio que guardaba por su separación con la madre de la niña. Además de múltiples golpes le propinó una herida con arma cortopunzante causándole su muerte.
Esta semana y como si nunca la serie de tragedias fuera a parar, el país se encuentra nuevamente sumido en el padecimiento por la incertidumbre de la suerte de otra de nuestras niñas.
Sara Sofía, con dos añitos cumplidos, es la nueva víctima de criminales que en Colombia se ensañan contra indefensos menores.
Por casualidades de la vida llevan el mismo nombre las niñas que antes nos unieron en la indignación y nos hicieron reconocer la impotencia. Confiando en un mejor final tenemos la esperanza que Sara Sofía sea encontrada y tenga una oportunidad de vida.
El 18 de febrero pasado su madre fue a recogerla donde una tía que actualmente tenía la protección y custodia de la niña. Desde ese día se desconoce su paradero.
La incertidumbre por el destino de Sara Sofía nos arropa, pues son tantas las versiones y tan contradictorias, entre ellas las entregadas por la madre de la menor, que hoy cualquiera parecería posible. Sin embargo, todas tienen algo en común: el desprecio por la vida de esta niña. Un posible homicidio, la venta de la menor a explotadores, su regalo a una pareja o simplemente el descuido y abandono de ella, ponen de presente que nunca su protección y cuidado estuvo como prioridad en el vínculo que esperaría uno entre una madre y una hija. Por eso la imputación que hiciera la Fiscalia a la madre por la desaparición forzada de la niña.
Las políticas de prevención de estos casos tienen hoy más de 60.000 menores bajo la custodia y protección del Bienestar familiar. En materia punitiva, el martes pasado el gobierno nacional y un grupo de parlamentarios, entre los que me encuentro, radicamos la reglamentación de la cadena perpetua contra los violadores y asesinos de niños, medida que a muchos no les gusta y aducen inconstitucional, pero que a nosotros nos parece justa como mensaje de defensa de nuestros menores.
Los nombres de Sara y Sofía no pueden convertirse en un referente de violencia infantil, deben ser la esperanza de que un día este país se comprometa plenamente como defensor de los derechos de los niños y no simplemente en un espectador que moviliza 50 millones de nacionales para condenar cada vez que aparecen estos actos, pero no tantos para evitarlos.