Mientras el gobierno saca del sombrero de prestidigitador y de cuando en cuando, el tema de la Constituyente y del fast track, en otras instancias y en medio de las negociaciones de paz con la subversión, se intenta en las mesas de diálogo traspasar los límites de la Carta Política, al señalar que los acuerdos de paz de origen humanitario entran, por derecho propio, en el derecho internacional humanitario, con fundamento en los artículos 93 y 94 de la Constitución del 91.

Es uno de los tantos recursos con los cuales intentan violar sistemáticamente las normas legales que prevalecen en el país para mantener el orden jurídico.  y facilitar o limitar claramente los alcances de las negociaciones de paz. Estos artículos tan trajinados rezan: “Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. “Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos¨.

Es así como el presidente Gustavo Petro aparece en la ONU invocando esas razones constitucionales que se utilizaron en las negociaciones de paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc. Las cuales ahora aduce el inquilino de la Casa de Nariño para justificar el juego político de fortalecer la subversión. En el manejo de la paz total y los negocios con los violentos, como es el caso de las Farc, el Eln y otros grupos subversivos, es evidente que el gobierno al suspender la acción militar de defender la soberanía nacional, en la práctica ha fortalecido a las violentas bandas armadas que alegan carácter político y, las cuales controlan desde el punto de vista estratégico un 70% del territorio nacional, ya que no pueden actuar las tropas oficiales. Por supuesto, semejante situación golpea de manera gravísima la soberanía nacional.

Además, es de entender que las fuerzas subversivas como el Eln, que se consideran más fuertes que las Farc o el M-19, fuera de refugiarse y estar apoyadas por Venezuela, consideran que son intocables en las zonas que controlan. Es decir, que por la vía de la negociación se consolida la parcelación del país en varias “repúblicas Independientes”, como predicaban las Farc en el pasado. Eso no nos sorprende y lo hemos señalado varias veces. Lo que pasa es que hoy algunas cosas han cambiado con el cuento de la paz total y el freno a las Fuerzas Armadas las zonas de negociación, como por la ruptura con Israel, país que nos facilitaba armas y un servicio valioso de inteligencia A ello hay que sumar la presión de sectores políticos al gobierno contra el accionar de nuestros soldados, retrocediendo así en la defensa de la soberanía nacional. Y, en la JEP, con frecuencia tienen más audiencia los enemigos del Estado, que los representantes del orden legal.

Como no les basta el inmenso avance que en materia de control territorial han logrado los subversivos en la mesa de negociación, donde los gobiernos transan la ley, se apoyan en los artículos 93 y 94, para violar la misma Carta Política y seguir devorando en la colonización de más territorio estratégico. En la actualidad somos el único país de Hispanoamérica, con excepción de Haití, que no controla a plenitud su territorio y en donde coexisten varios grupos armados ilegales con sus “repúblicas independientes” que negocian o desafían al gobierno fatal y permanentemente.

Es del caso señalar que, con el señuelo de la Reforma Agraria y el manejo de los baldíos, sectores oficiales pretenden entregar kilómetros del territorio nacional a la subversión o escriturarles las zonas que ya controlan. Como lo han denunciado en diversas publicaciones y medios de comunicación, se reubica a antiguos subversivos en zonas estratégicas de nuestros ríos para que ejerzan un control perverso que facilite la acción delincuencial y subversiva. Se atenta abiertamente contra la soberanía nacional desde el gobierno y esto lo induce a convertirse en peligroso compañero de viaje subversivo, así se presente como el ángel de la paz. El imperio de la ley en las verdaderas democracias no es negociable, de lo contrario se desquicia el sistema democrático.