El país tiene serios y variados problemas. Uno de ellos es la inseguridad que se vive no solo en las grandes ciudades, sino en todos los rincones de la patria.

En toda la geografía nacional tenemos delincuencia común, con atracadores, fleteros, raponeros  y demás, que no se amedrantan ante la posibilidad de asesinar a su víctima si ésta pone el mínimo de resistencia a sus intenciones dolosas. Hay delincuencia organizada, con bandas especializadas en diferente tipo de delitos, como secuestradores, apartamenteros, jaladores de vehículos y las callejeras, que se dedican a administrar diferentes sustancias a sus víctimas para luego robarles.

En fin, me haría interminable con el abanico de posibilidades y artilugios delictivos.

Sin desconocer los grandes esfuerzos que hacen las autoridades, de todo orden, por la salvaguardia a los ciudadanos que día a día caen inermes en manos de estos delincuentes, las capturas están al orden del día. Sin embargo, estos malhechores tienen los medios que les permiten montar esa pronta y efectiva defensa que les facilita una segura libertad, generando desconsuelo y frustración, tanto en la ciudadanía como en los efectivos de la fuerza pública, especialmente de la policía.

La situación es aterradora. Pareciera que los delincuentes se multiplicaran velozmente y sin barreras que obstaculizaran su accionar, cada vez más agresivo y peligroso para el ciudadano. Todo ello nos hace pensar, con justificada razón, que nuestra justicia no está obrando en la medida de las circunstancias o sufre de falencia que le impiden ser más firme, presurosa, objetiva y severa.

Sería aconsejable que, desde el mismo ministerio de Justicia, con las reformas que se pretenden adelantar, se tuviera muy en cuanta esta situación penosa, vergonzante y azarosa, que a los ojos del país sufre esta justicia tan cara a nuestros sentimientos y aprecio por ser, en últimas, la defensora de la ciudadanía y sociedad.

Es el momento y la oportunidad para hacer frente a tan difícil problemática y sacar una reforma con herramientas y recursos para dar la batalla a esta amenaza que se está saliendo de madre en el país.

Es de público conocimiento que la infraestructura carcelaria está haciendo agua y si no le paramos bolas a este tema, tendremos graves descalabros a futuro, porque ya estamos enfrentando el hacinamiento en los diferentes establecimientos carcelarios, situaciones que se atienden  superficialmente, permitiendo la potencialización del problema. No es necesario un estudio profundo para entender que, sin una organización capaz de atender la gran demanda, nunca lograremos una sociedad segura, tranquila y próspera.

La operación requiere esfuerzos y recursos, pues el comercio que se vive en esos centros de reclusión es de alto costo para diferentes sectores: los reclusos, los familiares y el estado que debe destinar altas sumas de dinero para cubrir las mínimas necesidades a cada interno.

En conclusión, necesitamos cárceles de última generación y una justicia efectiva.