La violencia contra niñas y niños en Colombia es una tragedia constante y sigue cobrándose vidas de manera aterradora. Entre enero y agosto de este año, Medicina Legal reportó 375 homicidios de niñas y niños, dato escalofriante que expone nuevamente su vulnerabilidad extrema.

Los datos, lejos de ser solo estadísticas, representan la pérdida irreparable de vidas inocentes frente a los ojos de gobernantes, instituciones responsables de la infancia, sociedad, medios de comunicación y comunidad. Lo más indignante es que, cada nuevo homicidio, confirma un patrón de negligencia, indiferencia y fallos sistémicos que permiten que estas tragedias se sigan repitiendo.

El reciente caso de Sofía Delgado, una niña de solo doce años asesinada en el Valle del Cauca, es un nuevo ejemplo desgarrador. El confeso responsable, Brayan Campo, no solo enfrentaba un juicio por la violación de otra menor de edad, sino que había sido señalado como un riesgo para la comunidad, antes de que ocurriera este nuevo crimen. Las similitudes entre ambos casos, deberían haber encendido todas las alarmas. Sin embargo, las fallas en todo el sistema judicial, como lo expresó la ministra de Justicia, y la proclamación de los derechos humanos de adultos, sobre los de niñas y niños, cuando se tumbó en la Corte Constitucional la cadena perpetua o los muros de la infamia, junto a las fallas en los mecanismos de protección, permiten que depravados como Campo sigan libres, cometiendo sus atrocidades.

Si bien se avanzó en la expedición de leyes para la protección infantil, la implementación efectiva de estas normativas deja mucho que desear. Las instituciones responsables de garantizar la protección de los niños, dentro del Sistema Nacional de Bienestar y el sistema judicial, han demostrado una y otra vez su incapacidad y negligencia, para actuar con rapidez y contundencia. En el caso de Sofía, las señales de advertencia estaban ahí, sin embargo el criminal seguía libre. ¿Cómo es posible que, en un país que sufre tantos episodios de violencia infantil, los mecanismos de prevención y justicia sean aún tan ineficaces? La reforma a la justicia tendrá que tener medidas eficaces para evitar que este terror continúe.

La muerte de Sofía y de cientos de niñas y niños en Colombia no solo pone en evidencia las fallas del sistema judicial, sino también la inacción del Estado y la sociedad en su conjunto. Al gobierno le exigimos implementar políticas de protección urgentes y efectivas. A la sociedad civil que desarrolle un papel ejemplar con denuncias y presión social; la indiferencia y la normalización ante las señales de abuso, perpetúan el ciclo de violencia. La ruta de la justicia, desde la denuncia hasta la condena, debe ser rápida y eficiente. Las condenas deben ser ejemplares y los procesos judiciales, expeditos.

Proteger a niñas y niños requiere una estrategia integral. Fortalecer el sistema de protección infantil, donde el ICBF y el Sistema Nacional de Bienestar tienen un papel clave. El ministerio de Educación y las Secretarías de Educación, aunque parte del sistema, no asumen su corresponsabilidad, pese a su rol fundamental en la protección, formación, prevención y detección temprana de riesgos. Las autoridades locales y territoriales deben liderar con firmeza los sistemas locales de justicia, garantizando una respuesta rápida y efectiva.

Es imprescindible educar a las familias para que puedan identificar los primeros signos de maltrato. Además, el sistema penal debe reconsiderar la aplicación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, como una medida disuasoria y punitiva. Casos como los de Brayan Campo, Garavito, Uribe Noguera, Orlando Pelayo y otros, no pueden repetirse.

El Estado no puede seguir ignorando esta tragedia; es hora de actuar con toda la fuerza y determinación. No toleraremos ni un acto más de violencia contra nuestras niñas y niños.