Tal es el nombre con el que se identifica en España un movimiento liderado por personas mayores, cansadas de la deshumanización en la prestación de los servicios bancarios. Una petición con más de 600 mil firmas logró no solo sensibilizar a la sociedad sobre el tema, sino impactar en el servicio diferencial que deben prestar las instituciones financieras.

Este fenómeno evidencia los efectos prácticos de la brecha digital, agudizados por la pandemia, tanto como la prioridad de responder socialmente a las necesidades de una población que progresivamente envejece.

La inversión de la pirámide poblacional, con la correlativa disminución del bono demográfico con el que contaban los países latinoamericanos, aproxima el grupo mayor de 60 años a ser el 10% de la sociedad, no obstante, su representación política no es proporcional.

En Colombia, más de 6 millones son mayores, en tanto apenas cerca de 2 millones tienen pensión y 1.7 millones reciben subsidio por vejez. Se trata de una población que representa en su conjunto casi el 30% del censo electoral, respecto de la cual son pocas las respuestas políticas.

Exclusión y desprotección afectan a las personas mayores, con efectos sociológicos considerables, evidenciándose un incremento en la violencia física, económica y sexual ejercida sobre ellas. Se les aprecia por el pasado, sin considerar su valor esencial de futuro, como dinamizadoras de la sociedad, al integrarlas adecuadamente en los ciclos económicos y productivos.

El país demanda ajustar su institucionalidad en materia de política pública para la adultez mayor. Por ahora prevalece la dispersión de autoridades y competencias, así como la proliferación de normas que no se cumplen. Una autoridad nacional, que coordine la red territorial, es esencial.

Europa en este frente va adelante, asumiendo visionariamente la necesidad de enfrentar no solo las necesidades económicas, sino el manejo de la soledad no deseada y la autonomía personal. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS, por ejemplo, gestiona una estrategia en la región que aborda estos frentes.

Una red nacional vital para atender a la población mayor, debe hacer efectivos los esfuerzos de instituciones como Mintrabajo, Colpensiones, Prosperidad Social, gobernaciones, alcaldías y las cajas de compensación familiar. No es admisible que a estas apenas estén afiliados algo más de 80 mil pensionados. Los servicios sociales para las personas mayores son indispensables, lo mismo que el pronto desarrollo de un sistema integrado de cuidados.

Las reformas pensionales no pueden enfocarse solamente en la sostenibilidad. La cuestión central es incluir a todos en la formalidad y universalizar la protección económica en la vejez.

La previsión social no es una mera plataforma de ahorro e inversión; requiere de apalancamiento solidario, como lo evidencia la más reciente reforma al sistema de pensiones en Chile, con la cual se garantiza a los mayores un ingreso mínimo aproximado de US$ 350, beneficiando a cerca del 85% de la población, con cargo a recursos fiscales. La pensión solidaria universal es un instrumento indispensable para la equidad social y la inclusión de las personas mayores.

En Colombia, articular los beneficios económicos periódicos BEPs en un sistema único e integral de protección al mayor, que además regrese el programa Colombia Mayor al sector trabajo como prestación de protección social y reordene los recursos dispersos destinados a servicios para esta población, son medidas prioritarias que el próximo gobierno no puede dejar de lado.

En tan apretadas elecciones, como se aprecian las próximas, cautivar el voto de estos sectores, mediante propuestas tan necesarias como realizables, puede marcar la diferencia. Por una democracia mayor, es tiempo del compromiso político con la autonomía e inclusión de la ciudadanía silver.