El Gobierno español y sus socios parlamentarios, en especial ERC, han aprovechado esta semana de "puente interminable", con medio país de vacaciones, para, sin meter mucho ruido, introducir cambios de envergadura en el Código Penal.

El primero es la modificación de la malversación; esa corrupción que tanto escándalo crea en la opinión pública, y que permitirá (y ese es el verdadero objetivo) a los dirigentes independentistas de Esquerra presentarse a las elecciones.

Se pretende desligar el enriquecimiento personal de la sustracción de dinero público para fines políticos. Es decir, que aquellos cargos corruptos que utilicen el dinero de todos para sus causas, como puede ser perpetuarse en el poder desviando fondos para campañas electorales, recibirán una irrisoria condena de tres años.

O, si lo recaudado con los impuestos de todos, se destina a "vender" las ventajas de un referéndum ilegal o el derecho a romper la Constitución con la proclamación de una Republica catalana, tampoco es malversación, porque sus autores no han hecho crecer la hucha familiar.

O sea, salvo llevárselo a casa, los políticos pueden hacer con el patrimonio común lo que les dé la gana, porque se juegan muy poco si su aventura sale mal.

Pedro Sánchez que empezó, como siempre, siendo muy poco partidario de la reforma, vende ahora la necesidad de actualizar la ley poniendo casos europeos similares. El argumentario de siempre. Lo que ya no dicen, ni él ni sus portavoces, es que, en el fondo, el objetivo es rebajar la tensión en Cataluña.

¿Pero, como no va a haber caído el ansía independentista catalán sí obtienen todo lo que piden sin despeinarse?

Al mismo tiempo, esta modificación del delito de malversación logrará, no solo despenalizar delitos cometidos en los casos de corrupción del PP, si no evitar a Sánchez pasar por el trago de tener que indultar a José Antonio Griñán, el ex presidente andaluz, condenado por el caso de los ERE, y que evitaría así entrar en prisión.

Pero, en este "totum revolutum" de modificaciones penales, también Podemos ha metido mano a la ley en el artículo 311. Con ello, pretenden castigar a las empresas que reiteradamente incumplan la legislación laboral. Aquí las penas sí son en serio. El empresario podrá ser condenado de seis meses a seis años si restringen derechos reconocidos en convenios o contratos. Es decir, más cárcel que por sustraer dinero de todos para fines espurios.

Por último, y para meter todo en el mismo saco y que el coste electoral se diluya en el jaleo, se pretende eliminar la obligación de que sean los votos de tres quintos del Consejo General del Poder Judicial los imprescindibles para elegir a sus dos candidatos al Constitucional. Incluso al presidente o los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces que persistan en el bloqueo, se les podrá acusar de desobediencia o prevaricación.

El motivo de esta ristra de reformas sin relación entre sí, un viernes en una semana festiva, no es otro que alejar la polémica de los comicios de mayo. Se confía en que dentro de seis meses nadie se acordará de este dislate.

A pesar de que al líder de Vox, Abascal, le ha entrado un sarpullido tan agudo que amenaza con una moción de censura. Como si el fracaso de la primera moción que presentó no le hubiera amansado él ímpetu.