En la situación de crisis energética que estamos viviendo, algunas voces han acusado al proceso de transición energética de los problemas que sufrimos, queriendo incluso revertir este proceso de transformación ya en marcha. Argumentan que la apuesta por las renovables y el abandono de las energías fósiles subirá el precio de la electricidad, poniendo en riesgo la competitividad de la economía.

¿Qué hay de cierto en todas estas acusaciones? Muy poco. Pero todo depende de cómo se lleve a cabo la transición. Voy a tratar de aclarar algunos de los elementos principales.

Comienzo con los riesgos: el principal es que posiblemente la transición energética aumente significativamente la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Tal como nos advierte la Agencia Internacional de la Energía, la reducción de la inversión en proyectos de exploración de combustibles fósiles conllevará una reducción de la oferta de estos combustibles.

Esta reducción de la inversión se produce ante la caída de la demanda impulsada por la descarbonización, y, en condiciones ideales, simplemente supondría una estabilización de los precios de los combustibles fósiles. Pero las condiciones ideales no existen: la incertidumbre y los plazos de tiempo necesarios para materializar las inversiones harán que el mercado esté frecuentemente desajustado entre la oferta y la demanda, y por tanto que los precios oscilen entre épocas de escasez (y por tanto altos precios) y abundancia (bajos precios).

Por lo tanto, lo más probable es que, hasta que consigamos abandonar definitivamente los combustibles fósiles, sus precios sean una continua montaña rusa de la que evidentemente tendremos que protegernos.

En cambio, la evolución de los costes de las renovables presenta riesgos menores. Incluso antes de la subida de los precios del gas natural, la energía solar fotovoltaica y la eólica ya eran competitivas en muchas regiones, y de hecho la mayoría de las inversiones que se están haciendo en el sector eléctrico corresponden a estas tecnologías.

La subida de los tipos de interés y de los costes de las materias primas pueden incidir negativamente en el coste de la fotovoltaica y la eólica, pero difícilmente abandonarán su posición de ventaja con respecto a las energías fósiles o a la nueva energía nuclear.

Ahora bien, esto no supone necesariamente que los costes de la electricidad vayan a bajar significativamente, y menos aún a ser casi nulos como algunos a veces quieren dar a entender. En función de cómo avancen estas tecnologías, y de lo bien que diseñemos los sistemas, lo normal es que, a medio plazo, nos situemos en precios de la electricidad no demasiado distintos de los que hemos visto en años pasados.  La potencial construcción de nueva energía nuclear, al menos en países desarrollados, difícilmente abarataría estos costes por la elevada inversión necesaria.

La transición energética, a nivel agregado, puede destruir o puede crear empleo, dependiendo de cómo se haga. Aquí es donde más crítico resulta el cómo. Si nos limitamos a sustituir combustibles fósiles por renovables, pero no nos preocupamos de mantener la actividad productiva, de garantizar la competitividad de la economía propia frente a otras regiones, de asegurar que las nuevas tecnologías se desarrollan y se fabrican a nivel nacional, y de que esa electricidad renovable y el hidrógeno producido con ella se utilizan para dar costes de la energía competitivos a la industria, nadie nos asegura que el empleo se vaya a mantener.

En mi opinión, no hay ningún argumento sólido para retrasar la transición energética y la descarbonización. Pero sí hay muchos aspectos que podemos y debemos cuestionar sobre la forma de hacerla, porque nos jugamos mucho en el proceso. Es imprescindible aprovechar las oportunidades que nos brinda la transición para construir una economía más robusta, más competitiva y más justa. Pero eso requiere, como siempre, visión, consenso y anticipación.

* Profesor de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas.