Como era de esperarse Gas Natural Fenosa reaccionó a través de un comunicado de prensa, originado en Barcelona (España) en donde está domiciliada, cuestionando la toma de posesión de su filial en Colombia Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Como es bien sabido esta optó por la intervención el pasado 14 de noviembre, ante la inminencia de la cesación de pagos a que estaba abocada la empresa y ante la imposibilidad de esta de seguir prestando el servicio de energía eléctrica con eficiencia, calidad y continuidad, como lo manda la Ley 142 y 143 de 1994.
En efecto, Electricaribe no sólo venía incumpliendo con las inversiones del componente del Plan5Caribe a las cuales se había obligado, aduciendo problemas de caja, los mismos que la llevaron al extremo que varios de los contratos que tenía suscrito con los generadores se quedaron sin garantías. Su situación financiera estaba tan comprometida que según Deloitte, auditora externa de Electricarbie, esta estaba en un “claro riesgo de inviabilidad financiera”.
Entre tanto la calamidad pública en que se convirtió la pésima calidad del servicio que venía prestando Electricaribe empeoró sensiblemente en los últimos años, a tal punto que la intermitencia del fluido eléctrico pasó de un promedio de interrupciones de 83.49 horas en 2014, a 93 horas en 2015, superándolas en 2016, en contraste con las 45.6 horas promedio nacional.
La Superintendencia de Servicios Públicos no podía dar más espera y mucho menos se podía cruzar de brazos ante la inminencia de un apagón en la región Caribe. Y no era para menos, pues si bien la Constitución y la Ley abrieron la posibilidad de que empresas particulares presten los servicios públicos, sigue siendo el Estado colombiano el que está obligado a garantizar su prestación eficiente. Es su responsabilidad evitar que se consumaran los amagos de limitación de suministros, de los cuales ya había advertido reiteradamente la firma XM y por ello era, además de ineluctable, inaplazable la intervención.
Detrás de los artilugios jurídicos a lo que ha venido apelando GNF desde que a mediados de julio “notificó formalmente” al Estado colombiano de la “existencia de una controversia” en torno a Electricaribe, está toda una estrategia fríamente calculada. Al momento de notificar su controversia, escudándose en el Acuerdo para la Protección recíproca de inversiones firmado entre Colombia y España, pretextó que se trataba de encontrar “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la costa Caribe”, que es lo que menos les interesa.
A partir del momento de la notificación están corriendo los seis meses, que son los términos previstos para que, de no haberse llegado a un acuerdo entre las partes, procedería la convocatoria del Tribunal. Transcurridos los seis meses, a mediados de enero del próximo año, se agota la etapa de conciliación y en cualquier momento puede estallar la bomba de tiempo del Tribunal.
*Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos