Me pareció terrible la expresión que tanto el presidente Petro como su hijo mayor utilizaron para referirse a la persona que ejercerá la tarea de Fiscal y la de juez en el caso que se tramita sobre enriquecimiento ilícito y corrupción, en la Fiscalía General.

Elucubré sobre el tema y, finamente, resolví acudir al Diccionario de la Real Academia. Me pareció que era el método más sencillo sobre el significado de esta expresión que jamás había oído que se utilizara con respecto a un juez o Fiscal de la República. Es más. Jamás escuché entre mis compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, por allá a finales de los años cincuenta, que su aspiración fuera la de llegar a ser verdugos. Podría afirmar que jamás escuché esa palabra en nuestras conversaciones estudiantiles. Y tampoco recuerdo que ninguno de nuestros profesores la utilizara.

El diccionario, ya bastante deteriorado, trae doce acepciones de la palabra verdugo. Tan sólo la quinta me proporcionó una respuesta que me tranquilizó porque, de alguna manera, como que ayudaba a justificar su utilización. Veamos: “5. Ministro de Justicia que ejecuta las penas de muerte y en lo antiguo ejecutaba otras corporales; como la de azotes, tormentos, etc.” Recuerdo que hay doce acepciones de esta palabra Verdugo y tan sólo la quinta, como acabamos de leer, se refiere a la administración de justicia, pero en cabeza del Ministro y no de un fiscal o de un juez. Pero bueno, ya se acerca al tema.

No creo ni que el Presidente ni su hijo hablaran de verdugo en relación con el Ministro Osuna que todos percibimos como de muy buenas maneras y ni siquiera en una pesadilla podríamos imaginarlo realizando las tareas que esta quinta acepción nos indica. No conozco el o la Fiscal del caso, ni sé quién sería el juez o la juez que tendría que asumirlo. Es bien claro, no es el Fiscal General, Francisco Barbosa, quien debería ejercer las funciones que el diccionario señala, pero en ningún caso la ley, le asignan al verdugo.

Siempre he considerado que la tarea de investigación criminal y la del juzgamiento son de las más difíciles para un profesional del Derecho. Inclusive he creído que deberían recibir una formación especial, muy diferente de la que reciben hoy, por las implicaciones que tienen en el proceso decisorio y en la manera como ello afecta personalmente la vida del investigador y del juzgador. Atribuyo buena parte de la impunidad, y de los casos de prescripción tan numerosos, a la incapacidad que muchos profesionales del Derecho tienen para tomar decisiones de tanta envergadura. Fue una de las razones por las cuales no aspiré a ser un especialista en el Derecho Penal.

No quiero imaginarme la situación personal del investigador en el caso del hijo del Presidente y, mucho menos, la situación del juez que tenga que dictar la sentencia. Es que se trata de un tema de interés nacional, que no va a pasar desapercibido y con respecto al cual, ahí sí que es cierto, la opinión pública va a operar como un verdugo, sin tener todos los elementos de juicio y, en muchos casos, alimentada por prejuicios de muy diverso orden.

La opinión pública parece no darse cuenta de que el fiscal Barbosa no tiene a su cargo todos los miles de casos que se tramitan en esa institución. Tampoco parece entender que no puede interferir en la actividad de los investigadores y de los jueces. Estamos ante una justicia independiente. Y estamos expuestos a sus aciertos y errores. Para ello hay recursos que buscan remediar decisiones que son producto de la acción de seres humanos, falibles, y no de seres infalibles que no existen.