Por estos días de protestas sociales, donde se reivindican derechos y se demandan acciones concretas para superar inequidades históricas, se hizo evidente que uno de los temas que se debe abordar para superar este pico de insatisfacción ciudadana es el medio ambiental que pasa por la protección de los ecosistemas y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Hasta hace bien poco era frecuente que en las protestas asociadas a la protección del medio natural se reclamara de manera genérica, en su discurso se invisibilizaban los animales, había oposición a las políticas extractivas de los recursos no renovables, a los proyectos que incidían en los cursos de agua, a la deforestación, en esta oportunidad de manera clara se está hablando de los animales peo se está yendo más allá de las preocupaciones emocionales, se está pidiendo que hablemos de los derechos de los animales.

Justamente por estos días están sucediendo cosas que en teoría deberían redundar en un escenario favorable para quienes estamos pidiendo al país político que se ocupe de reconocer los derechos de los animales, pero estamos hablando de un reconocimiento amplio que involucre las visiones actuales sobre la materia y que asuma el reto de actualizar el sistema jurídico que permita una amplia protección a los animales domésticos y silvestres.

Uno de los indicadores que nos debe llevar en esa dirección es la materialización que los Ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Salud, Interior y el Departamento Nacional de Planeación deben hacer del mandato consagrado en el artículo 324 del Plan Nacional de Desarrollo que implica una nueva política pública de bienestar y protección animal doméstico y Silvestre, ese paquete de propuestas normativa, renovación institucional y los ajustes a las prácticas sociales que permitan un nuevo relacionamiento entre humanos y animales no racionales. El 26 de noviembre venció el plazo para dar a conocer el paquete de desarrollos normativos y los planes y programas que se pretenden poner en marcha.

Otro indicador bien importante es la renovación de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales, para nadie es un secreto que son estas entidades las que tienen a su cargo garantizar el buen trato a la  fauna silvestre, sin embargo muy poco de esto se viene haciendo con la seriedad que demanda el momento actual de la sociedad global, los centros de atención y rehabilitación no están funcionando, han encontrado en los zoológicos los lugares idóneos para descargar su responsabilidad y de paso condenar a muchos individuos a una vida de cautiverio a pesar de las posibilidades de rehabilitación que permitirían una reintroducción a su hábitat.

Finalmente nos debe generar esperanza el nuevo grupo de mandatarios locales y departamentales que asumirán su periodo el primero de enero de 2020, esperamos que en sus planes de desarrollo se atrevan de manera decidida a introducir las líneas de política pública que proteja los derechos de los animales en sus territorios, le apuesten a estrategias pedagógicas, especialmente las apuestas en la construcción de políticas públicas municipales y departamentales de bienestar y protección animal. Una razón más para creer que los vientos que soplan son favorables para los derechos de los animales.

@ludogomezm, luisdomingosim@gmail.com