EL PAÍS ENTRE DUDAS Y ESPERANZAS

Tres años de negociaciones

“Faltó claridad en indulto a guerrilleros”

Han transcurrido tres años desde que se instalaron los diálogos de paz en La Habana y, hasta la fecha, se han evacuado tres de los cinco puntos de la agenda acordada para el inicio de las conversaciones, de los cuales quedaron temas pendientes por decidir.

El pasado 23 de septiembre,  el presidente Santos y “Timochenco” señalaron como fecha límite para la firma del eventual acuerdo de paz el próximo 23 de marzo. Pero, al parecer, no han terminado de ponerse de acuerdo sobre el contenido del documento en construcción que recoge el punto de la justicia transicional.

En este momento avanza en el Congreso el trámite del acto legislativo que busca la creación de una comisión especial legislativa y del proyecto de ley que modifica el  umbral para el plebiscito refrendatorio de los acuerdos de paz.

Las Farc, por su parte, insisten en la Constituyente como mecanismo  para refrendar los acuerdos de paz que el Gobierno rechaza in limine, casi con el carácter de inamovible. Adicionalmente sostienen que la figura del plebiscito no ha pasado por la mesa de diálogos.

Por otro lado,   ante el escaso avance de lo que resta de la agenda -las Farc han dicho que el plazo de los seis meses no ha comenzado  a contar para ellos- el Presidente decidió enviar a su hermano Enrique Santos, quien ha actuado como facilitador, a dialogar con “Timochenco”, con el encargo de que no interrumpan las conversaciones hasta que no concluyan los puntos restantes.

Ahora se anuncia que el Gobierno, para darle más confianza a las Farc, indultará a 30 integrantes de esta organización armada ilegal condenados por el delito de rebelión, que acusan problemas de salud -según se ha dicho-, cuyos nombres no se van a revelar por razones de seguridad.

Y qué va a pasar con ellos, ¿los vincularán al programa de reinserción para que reciban apoyo psicosocial  y capacitación? ¿Será un indulto con presentaciones periódicas? O sencillamente quedarán en libertad total con la opción de regresar a las filas o de hacer parte de la estructura de milicias de ese grupo armado ilegal. 

El Gobierno debe tener especial cuidado con este tipo de medidas porque se percibe como una concesión gratuita sin ninguna correspondencia.

A estas alturas no queda claro aún si habrá o no penas privativas de la libertad o zonas de ubicación para adelantar trabajos sociales. Tampoco lo es el punto de la elegibilidad, lo mismo que las medidas de reparación a las víctimas.

El Gobierno, al promover estas iniciativas, debe explicarlas con mayor claridad y amplitud, porque surgen más preguntas que respuestas de estos anuncios. Estas son inquietudes que muchos comparten porque en esos puntos está envuelta la médula de lo que se está acordando.

El modelo de negociación de cúpulas tiene como efecto colateral el desconocimiento  por parte de las diferentes expresiones de la sociedad de lo que se discute, particularmente de quienes han sido víctimas del flagelo de la violencia.