FRENTE  al hoyo de 14 billones de pesos en el Presupuesto nacional para el 2019 el Gobierno somete a consideración del Congreso  la Ley de Financiamiento  que extiende el impuesto de valor agregado (IVA) a todos los productos de la canasta familiar (papa, pollo, arroz, leche, carne, yuca, aguacate); estos subirían un 18%, ahora no están gravados;  se  rebaja del 19% al 18 %  la tarifa actual a los  incluidos, en busca de un recaudo de 11 billones y medio de pesos. Dos billones se devolverán a los estratos bajos, no  grava el transporte público, establece el impuesto a la riqueza para las personas naturales con mayores ingresos, sin tocar a  las empresas que creen empleo.

El articulado incluye la reforma de la DIAN,  amenaza  a los pensionados,  acoge un cálculo optimista  de ingresos por mejor precio del petróleo, sitúa ingresos por un rubro de privatizaciones sin determinar, ordena  retención en la fuente a salarios superiores a cuatro millones de pesos, obliga a que declaren  renta  personas de mínimos ingresos así no les corresponda pagar. La Ley de Financiamiento afectaría principalmente a la clase media, en especial por los efectos directos y colaterales con la   ampliación  del IVA que recibe el rechazo ciudadano.               

De otro lado está por discutir el incremento del salario mínimo, conocer el índice de inflación, el Concejo de Bogotá estudia el acuerdo para la ejecución de obras por valorización, de ser aprobado las cobrarían por adelantado el año próximo. En enero subirán prediales y servicios públicos, en dicho mes  siempre, inexplicablemente, la vida cara cubre el territorio de la Nación, desconozco el impacto monetario  si se acepta la “mermelada” en otro proyecto de ley, el de reforma política, que autoriza a los parlamentarios  disponer  del 20% del rubro de inversión regional para desarrollar obras a petición de los electores. 

Las familias  colombianas tratan de armar su presupuesto,  las cuentas no   cuadran, el hueco en el nacional se traslada a los hogares. ¿Cómo determinar el nuestro?  

No dudo de las buenas intenciones del presidente Iván Duque, es ineludible allegar recursos, por él votamos, pero conviene manifestar que el costo político de una reforma inequitativa no lo compensará el recaudo;  al Congreso corresponde  hacer correcciones, auscultar  la posibilidad de obtener ingresos sin restar poder de compra de artículos vitales a millones de compatriotas,  actuar con sentido común, el orden social también tiene precio, su perturbación ha aparecido en recientes marchas de protesta, movilizaciones que se ampliarían ante la confirmación de las alzas. La potestad tributaria no debe sobrepasar la capacidad contributiva. ¿Para qué sembrar vientos y recoger tempestades?