En Colombia el 18% de los cigarrillos que se vendieron en 2017 fueron producto del contrabando, esto de acuerdo con Andi & Invamer. Esta investigación estima que en Colombia, el año pasado, se vendieron de forma ilegal a 133.2 millones de cajetillas de cigarrillos. El valor en el mercado negro de esos cigarrillos es de cerca de $311.407 millones (US$105,5 millones).
Un estudio realizado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga sobre el contrabando de cigarrillos y el crimen organizado en Colombia y Ecuador, deja algunos hallazgos de gran impacto para el tema en el país.
En el vecino país la proporción del contrabando es mucho mayor: 53% en 2017. En Ecuador se venden de manera ilegal casi 42.8 millones de cajetillas, pero el precio de los cigarrillos legales e ilegales en ese país es más alto, por lo que se estima que el valor total del mercado de cigarrillos ilegales es cercano a los US$102,2 millones. Algunas fuentes indican que cerca del 90% del cigarrillo ilegal que se vende en Ecuador proviene de Colombia.
De acuerdo con el estudio, hay una transición en el origen del tabaco que se contrabandea en Colombia y Ecuador. La producción con origen en China (61% de las aprehensiones con origen identificado en Colombia) ha desplazado a las marcas de Paraguay y Uruguay, que antes dominaban el mercado negro del cigarrillo en Colombia. Otras fuentes, como Invamer-Andi estiman que el origen del cigarrillo ilegal que se consume en Colombia estaría 66% en Asia y 33% en Paraguay y Uruguay.
Sostiene el informe que los puertos marítimos en donde predomina el ingreso de cigarrillo ilegal son Buenaventura, Turbo (Urabá) y Puerto Nuevo (Guajira). De manera secundaria, los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, entre otros, se emplean como puntos alternos cuando se agudizan (temporalmente) los controles sobre los puertos principales. Estos puntos de entrada del cigarrillo ilegal coinciden con las rutas de salida de la cocaína. Esta es una de las muchas señales que apuntan a la confluencia entre ambas economías ilegales.
Hechos
El estudio señala que varios criterios de la normatividad aduanera colombiana facilitan el contrabando, la poca coordinación de la acción judicial que genera enormes cantidades de aprehensiones físicas de cigarrillos (de las más altas del mundo) pero una judicialización efectiva muy baja, pocos casos de extensión de dominio y limitado interés judicial para darle una perspectiva de crimen organizado al fenómeno del contrabando.
Aseguran que la implementación de la Ley Anti-Contrabando (Ley 1762 de 2015) no ha generado un disuasivo penal frente a este delito. Para el año 2017 los registros del Inpec indicaron que en el sistema penal solo se encontraban en condición de condenados o sindicados 13 personas por el delito de contrabando (o delitos relacionados). De estas personas, únicamente cuatro estaban privadas de la libertad en un centro penitenciario.
La aproximación penal en Colombia y Ecuador es muy diferente. En Colombia se busca maximizar el número de aprehensiones físicas (y se logra) pero las acciones del proceso judicial son débiles y lentas, lo que genera una impunidad casi total. En contraste, el sistema de Ecuador genera menos resultados operacionales (capturas y aprehensiones) pero en cada uno de ellos la probabilidad de condena es muy alta y, en los casos de juicios abreviados, la sentencia se da en tan solo un par de semanas.
Asegura el estudio que el contrabando de cigarrillos se enlaza en sus dos extremos con el lavado de activos. El primer enlace ocurre cuando el contrabando actúa como mecanismo de repatriación de capitales desde norteamérica en la forma de bienes de consumo de distribución fácil y masiva. El segundo enlace es en la etapa final de la cadena de contrabando, cuando un porcentaje del cigarrillo vendido en Ecuador al por mayor es pagado con cheques (en dólares) que se revenden con una ganancia adicional en Ipiales, desde donde ingresan al torrente del sistema financiero colombiano simulando exportaciones.
Indica el estudio que “el contrabando de cigarrillos es una renta criminal en expansión. Sus principales cabecillas, a diferencia del narcotráfico, no operan desde la clandestinidad, sino que mantienen su estatus de empresarios, con pleno acceso al sistema financiero y relaciones personales y laborales con autoridades”.