EL MANEJO que el gobierno le dio a la contabilidad oficial para aparentemente cumplir con la regla fiscal de 2024, fue cuestionado por académicos. Se trata del uso que se le dio a las cuentas de las Transacciones de Única Vez por $31,8 billones para cumplir la meta.
A juicio del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, con ello se generaron muchas dudas sobre la transparencia de la contabilidad fiscal, cuando el déficit fiscal de 2024 se ubicó en -6,8% del PIB, el más alto desde la pandemia.
Señalan los expertos del Observatorio, que en la actualización del Plan Financiero 2025, un documento clave que muestra la situación económica esperada para este año, el balance preliminar del cierre fiscal de 2024 y las proyecciones para 2025, se evidencia un deterioro significativo en las finanzas públicas del país.
De acuerdo con el análisis, el déficit fiscal de 2024 creció 2,6 puntos porcentuales, pasando de -4,2% del PIB en 2023 a -6,8% en 2024. Esto significa que los gastos totales del Gobierno superaron los ingresos en $115,4 billones, un nivel de desbalance que solo se había visto durante 2020 y 2021.
Hallazgos
Consideran los expertos, que “uno de los hallazgos que encontramos más preocupante es el uso de Transacciones de Única Vez (TUV) por $31,8 billones (1,9% del PIB) para cumplir con la regla fiscal. Este mecanismo, que fue aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), ha sido criticado, ya que implica un ajuste contable que permite al Gobierno presentar un Balance Primario Neto Estructural (BPNE) de -0,2% del PIB, justo en el límite permitido por la regla fiscal”.
Aseguran que “sin embargo, sin estas TUV, el BPNE real habría sido de -1,8% del PIB, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) incumpliendo así las restricciones fiscales. El problema central de esta práctica radica en que esta interpretación de las TUV desvirtúa el propósito de la regla fiscal y afecta la credibilidad de la política económica del país”.
Por otro lado, señalan los investigadores, “el análisis también destaca que los ingresos tributarios de 2024 se ubicaron en 14% del PIB, tres puntos porcentuales por debajo del nivel de 2023, lo que representa una caída de $18,5 billones en comparación con el año anterior. Esta reducción en el recaudo impactó los niveles de caja del Gobierno, contribuyendo a un rezago presupuestal de más de $50 billones (sin contar servicio de la deuda), el doble del registrado en 2023, lo que estimamos afectará la ejecución del gasto en 2025”.
Indican que “en cuanto a la deuda neta del Gobierno, observamos que esta alcanzó el 60% del PIB, acercándose al límite de sostenibilidad fiscal. Además, los pagos por intereses de la deuda representan cerca del 4% del PIB, reduciendo aún más el espacio fiscal para inversión en infraestructura y programas sociales, como ya lo hemos advertido anteriormente”.
Confianza
Manifiestan, asimismo que “desde el Observatorio Fiscal alertamos que la difícil situación de las finanzas públicas puede afectar la confianza de inversionistas y organismos internacionales en la estabilidad económica del país. El uso recurrente de maniobras contables como las TUV podría convertir la regla fiscal en un instrumento sin credibilidad, debilitando su capacidad de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
De ahí que manifiestan su preocupación, al señalar que “es urgente que el Gobierno implemente una planeación fiscal más realista y basada en proyecciones de ingreso creíbles para evitar situaciones como la de 2024. La transparencia en la contabilidad fiscal será clave para recuperar la confianza en la estabilidad económica del país”.
Aseguran que “la validez metodológica del uso de las TUV dependerá en adelante que se compruebe que tienen efectos transitorios en el balance fiscal. La difícil situación de las finanzas públicas probablemente causará que la caída del recaudo en 2024 tenga implicaciones fiscales para 2025. En efecto, la deuda neta del Gobierno nacional se ubicará en el 60,6% del PIB, alejándose del nivel prudente de endeudamiento (ancla) antes de lo previsto. Los costos del financiamiento público (pago de intereses) representan cerca del 4% del PIB, presionando el presupuesto público. El Gobierno debe realizar una planeación fiscal más realista y basada en proyecciones de ingreso creíbles para evitar situaciones como la de 2024”.