Si la inflación de este año termina en 3,8%, el incremento del salario mínimo del 6% solo quedaría en 2,1%. De acuerdo con los analistas, este sería el resultado en términos reales, del ajuste decretado por el Gobierno.

Sin embargo y tomando en cuenta la inflación esperada para el próximo año de 3,5%, el aumento real se estima en 2,4%. En ambos casos, esto quiere decir que, por cuenta de la evolución alcista de la inflación y sus expectativas, el incremento del salario real sería igual o inferior al observado este año (2,4% - 2,8%), que fue uno de los más elevados en lo corrido del siglo.

Así pues, nuevamente se decretó un ajuste al salario por encima del incremento de la productividad real. El DANE dio a conocer que la productividad laboral durante el año en curso fue de 0,21%, contra la cual este ajuste implica una brecha superior a los 2 puntos. Aunque el incremento del salario mínimo es igual al del año anterior, los efectos que tenga sobre la economía se podrían amplificar en 2020.

Los precios

Los analistas del Bancolombia sostienen que “en primer lugar, este incremento puede tener una incidencia sobre los precios al consumidor superior a la registrada recientemente. Además de los componentes que están directamente atados al incremento del salario mínimo (seguros de vehículos y costos de servicios de salud), consideramos que el siguiente año puede haber un efecto indirecto más pronunciado sobre la inflación”.

Este hechos debe a que se debe tener en cuenta: i) desde inicios de 2018 los costos promedio al productor vienen creciendo a un ritmo más acelerado que los ingresos, lo cual crea un incentivo a que los mayores costos laborales se trasladen vía precios; ii) este último ajuste se puede exacerbar en un entorno en el que la depreciación del peso (inclusive a pesar de coberturas cambiarias) también motivaría una modificación más elevada en las tarifas finales de los bienes y servicios; y finalmente iii) que la dinámica de los flujos en el mercado laboral que permitieron que en 2019 los salarios crecieran en promedio a una tasa menor que el salario mínimo pueden moderarse en 2020.

“Estas condiciones explican parte de por qué nuestro escenario base de inflación para 2020 (3,5%) es superior al contemplado por el mercado (3,36%)”, señalan los expertos.

Ahora bien, la dinámica del mercado laboral, que viene de un año de notable deterioro, podría encontrar un obstáculo adicional en 2020 debido al ajuste recientemente decretado. A noviembre, la tasa de desempleo promedio para las 13 principales urbes ascendió a 11,3%, esto es, 50 puntos más que el registro de 2018 y dando continuidad a una tendencia de deterioro que se extiende desde 2015.

Costos a empresas

Tal evolución se ha visto acompañada por una moderación en el crecimiento de la población ocupada, que vio su peor registro este año. De este modo, un incremento en los costos laborales, que afecta mayoritariamente a empresas de mayor tamaño, puede ralentizar la recuperación necesaria en este frente el próximo año. Conviene reiterar que la informalidad es un factor que se ve afectado por el aumento de los costos salariales. Los incentivos a migrar a este mercado se hacen más evidentes en un entorno de aumentos del salario mínimo por encima de la productividad real. Esto quiere decir que la tendencia de reducción de informalidad que se ha visto desde 2012 se ha dado a pesar de dichos incrementos. En consecuencia, para 2020 es posible que el mercado laboral vea desvanecer ganancias en este frente que, en otro caso, pudieran haber sido más contundentes.

En este sentido, el llamado para el próximo año sigue concentrándose en incrementar la productividad laboral. Así pues, por el momento este ajuste se posa como un riesgo alcista sobre la proyección de tasa de desempleo para el siguiente año de 10,9% (promedio para las 13 principales ciudades).

Con ello, los expertos señalan que “estimamos que al incremento del salario mínimo también tendría repercusiones sobre las finanzas públicas. Por ejemplo, vía mayor pago de mesadas de pensiones, el fisco nacional podría ver mayores egresos por cerca de $0,6 billones, que se compensarían en parte con mayores ingresos (por ejemplo por el ajuste de los aportes a las EPS) calculados en cerca de $0,4 billones. En el neto, esto implica una presión adicional de $0,2 billones sobre el déficit fiscal del Gobierno. Aunque su monto no es significativamente elevado, dicha presión se sumará a las necesidades adicionales de ingresos por las medidas contempladas en la Ley de Crecimiento Económico (principalmente la deducción en el impuesto de renta a las empresas y la devolución del IVA por adquisición de bienes de capital) y a las diferencias que sostenemos en la visión macroeconómica frente a las perspectivas del Gobierno”.