“La compañía siempre ha pagado regalías de buena fe y ceñida a la normatividad legal y contractual que le aplica”, manifestó ayer a través de un comunicado la compañía minera Cerro Matoso S.A.

En respuesta a la Contraloría general de la Nación que aseguró el martes que el Estado dejó de recibir $619.000 millones por regalías de hierro y níquel entre 1982 y 2012, “la empresa considera que el alcance de esta investigación carece de sustento jurídico y técnico, toda vez que se refiere a contratos de concesión finalizados en 2012 que hoy en día están siendo liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, precisó la compañía.

Igualmente indicó que dicha investigación atenta contra la seguridad jurídica, pilar para promover y proteger la inversión extranjera en Colombia, y agregó que “la cifra mencionada por la Contraloría es desproporcionada e injustificada, ya que desconoce la fórmula contractual y adicionalmente incluye el cobro de regalías por hierro, que la compañía no está obligada a pagar según la ley y los contratos”.

Según la compañía, “la Contraloría pretende un cobro retroactivo de regalías por contratos finalizados, lo cual es inconstitucional, y cuya liquidación está en manos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Finalmente, quiere cobrar sobre períodos ya auditados y cobrados por la misma entidad. Este último pago que se hizo a la Contraloría se encuentra también demandado ante los jueces de la República”.

Según la empresa “haciendo uso de su derecho de contradicción, está preparando actualmente su defensa, así como la evidencia que presentará ante la Contraloría para soportarla adecuadamente. Así mismo, la empresa quiere llamar la atención sobre el hecho de que tan solo en 2019, pagó regalías por $149 mil millones de pesos. Durante los 37 años de operación de Cerro Matoso, la compañía ha aportado al país una cifra cercana a los $3 billones de pesos en regalías”.

Cerro Matoso reiteró a través del comunicado su interés en mantener los impactos positivos sobre la economía y el desarrollo de la región donde viene operando y respeta las decisiones de las autoridades colombianas, actuando siempre bajo el marco normativo que le aplica.

Regalías

Como lo publicó ayer EL NUEVO SIGLO, la Contraloría ordenó la apertura un proceso de responsabilidad fiscal por un detrimento estimado en $619.680 millones (exactamente $619.680.857.421), inicialmente contra cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la empresa concesionaria de la explotación minera.

A través de un comunicado, la Contraloría informó que la decisión fue tomada el 7 de febrero al cerrar una indagación preliminar en la que se estableció un detrimento fiscal por regalías no pagadas correctamente por la explotación de níquel y hierro entre 1982 y 2012, en la mina conocida como Cerro Matoso, en la jurisdicción del municipio de Montelíbano (Córdoba).

La indagación preliminar se adelantó el año pasado luego que el contralor Carlos Felipe Córdoba, mediante auto número 0002 del 18 de enero de 2019, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la liquidación y pago de regalías, en virtud de los contratos de concesión minera 866 de 1963 y 1727 de 1971, enfatizando que se analizara si se dedujeron costos no pertinentes en la liquidación de regalías de níquel y se determinara si se pagaron regalías por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel.

Como presuntos responsables fiscales fueron identificados en forma preliminar cuatro exvicepresidentes de seguimiento, control y seguridad minera de la ANM, que tenían como función fiscalizar la liquidación trimestral y el recaudo de las regalías de níquel, sin perjuicio de que se vinculen otros funcionarios que fiscalizaban estas regalías en las entidades anteriores a la ANM como Ingeominas, Minercol y el Ministerio de Minas.

Daño fiscal

En cumplimiento de lo ordenado por el contralor Córdoba, el contralor delegado intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Javier Eduardo Noguera, con un equipo de contadores y economistas, adelantó la indagación preliminar, que culminó con la apertura de un proceso ordinario de responsabilidad fiscal, mediante auto 0063 del viernes.

Para el desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta los criterios aplicados en las auditorías adelantadas por la Contraloría Delegada de Minas y Energía y la decisión 0217 del 26 de febrero de 2018 del Grupo de Regalías de la Contraloría General, que abarcan los años 1998 a 2003 y 2004 a 2008, en las que se identificaron gastos deducidos por concepto de vuelos chárter, bonificaciones anuales y arriendo de apartamentos para directivos de la empresa concesionaria; pago de hotel y facilidades exteriores como el Club Katuma y el Club Jagua, que no guardan relación de causalidad ni pertinencia con la producción, procesamiento y transporte del níquel.