Colombia perdió siete puestos en el Índice de Libertad Económica que cada año realiza la Fundación Heritaje y que fue analizado por la Universidad Gran Colombia.

El país ocupó el puesto 49 entre 186 naciones, en la versión de 2019, con un puntaje de 67.3. Se tuvo en cuenta el desempeño del país entre la segunda mitad de 2017 y la primera mitad de 2018.

En el análisis el país obtuvo en Derechos de propiedad (59,2 puntos); Efectividad judicial (34,3 puntos); Carga tributaria (74,3 puntos); Salud fiscal (79,2 puntos); Libertad empresarial (71,4 puntos) y Libertad de comercio (76,0 puntos).

El director del Centro de Innovación de la Universidad La Gran Colombia, Daniel Raisbeck, indicó que “hay dos factores fundamentales en los resultados obtenidos por el país El primer punto está relacionado con la política de impuestos que ha cambiado constantemente en los últimos años. Eso afecta la libertad económica porque entre más impuestos hay, las personas y las empresas tienen menor capacidad para invertir, ahorrar y generar crecimiento”.

El otro factor “es lo que en el ranking se llama Estado de Derecho, en donde la caída tiene que ver con la crisis del sistema de justicia, la falta de transparencia, la corrupción y la inseguridad jurídica, teniendo en cuenta que en el caso de los inversionistas, las reglas de juego están cambiando cada dos años. Esto es completamente perjudicial para la libertad económica”, dijo.

Razones

Precisamente el informe indica que “que la razón de este desempeño se debe al empeoramiento de la carga fiscal, la libertad comercial y los puntajes de libertad comercial que superan las mejoras modestas en la libertad laboral y la libertad monetaria. Colombia ocupa el octavo lugar entre 32 países en la región de las Américas, y su puntaje general está por encima de los promedios regionales y mundiales”. 

El reporte señala que se necesitan reformas institucionales más profundas para fortalecer el Estado de Derecho y reducir la corrupción. La reforma fiscal y las reformas constitucionales y judiciales estarán entre los objetivos políticos clave en los esfuerzos del gobierno para promover el espíritu empresarial. Es probable que la administración del presidente Iván Duque siga políticas económicas ortodoxas, lo que apuntala la estabilidad macroeconómica. Sus prioridades presupuestarias hacen hincapié en las medidas de reactivación económica e incluyen incentivos para la exploración de minerales e hidrocarburos y para proyectos de infraestructura, así como exenciones fiscales para las inversiones en innovación.

Indica el informe que “el sistema de justicia muestra independencia del Ejecutivo, pero persisten la corrupción, el soborno, el tráfico de influencias y el abuso de información privilegiada. El narcotráfico y la violencia y corrupción que engendra siguen erosionando las instituciones. Colombia obtuvo una baja calificación en cuanto a corrupción (125) y seguridad (132) en el Índice de Competitividad Global 2017 del Foro Económico Mundial”.

En su revisión sobre el tema impositivo, el análisis sostiene que las tasas impositivas corporativas y de ingresos más altas son del 33%. Otros impuestos incluyen el valor agregado y los impuestos a las transacciones financieras. La carga fiscal general es igual al 19,9% del ingreso nacional total. En los últimos tres años, el gasto gubernamental representó el 28,9% de la producción PIB del país, y los déficits presupuestarios promediaron el 3,2% del PIB. La deuda pública equivale al 49,4% del PIB.

De otro lado el informe de Heritaje puntualiza que “los procedimientos simplificados para establecer y administrar una empresa han mejorado la eficiencia del entorno empresarial en general. El marco regulatorio laboral generalmente es propicio para la actividad empresarial privada y el crecimiento del empleo, pero se necesitan reformas para reducir los costos no salariales. En un esfuerzo por reducir los niveles récord de producción de cocaína, el gobierno ha ofrecido subsidios a los agricultores que estarían de acuerdo en dejar de cultivar coca”.

El valor combinado de exportaciones e importaciones es igual a 34.9 por ciento del PIB. La tasa arancelaria promedio aplicada es de 7.0 por ciento. Al 30 de junio de 2018, según la OMC, Colombia tenía 149 medidas no arancelarias en vigor. La inversión extranjera en algunos sectores está sujeta a registro de inversiones y acuerdos de concesión con el gobierno. Los inversores extranjeros pueden poseer el 100 por ciento de las instituciones financieras. El crédito es generalmente asignado en términos de mercado.