Un acuerdo entre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la alcaldesa de Bogotá Claudia López, establecido 8 días antes de que el Gobierno presentara públicamente el proyecto de reforma tributaria, establecía una cofinanciación del 50% del déficit que actualmente tienen casi todos los sistemas masivos de transporte en el país.

Efectivamente, en el proyecto, el Gobierno incluyó ese pacto. En el artículo 32, se menciona que “se establecen esquemas de cofinanciación, con el apoyo de las entidades territoriales, para los sistemas integrados de transporte masivo, destinados a cofinanciar los déficits operacionales, originados por las medidas de restricción del nivel de ocupación de la oferta de sus servicios dirigidas a contener la propagación del covid-19, durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social”.

Textualmente indica el artículo que “el monto máximo a cofinanciar será el 50% del déficit operacional certificado por cada ente gestor de los sistemas de transporte masivo y verificado por el Ministerio de Transporte. El déficit operacional deberá ser calculado de acuerdo a la metodología que reglamente el Ministerio de Transporte para este propósito. En el evento en que el Comité de Administración del FOME emita concepto favorable para cofinanciar dichos déficits operacionales, el monto aprobado será girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al ente gestor de cada sistema de transporte masivo”.

Cálculo

Puntualiza el proyecto de reforma tributaria que “para el cálculo del déficit no se tendrán en cuenta los aportes o transferencias ya realizados por las entidades territoriales para cubrir el déficit operacional derivado de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del covid-19, ni las fuentes de ingresos producto de los desembolsos obtenidos por la contratación de créditos con el fin de aliviar la caja y lograr la continuidad en la prestación del servicio. El Gobierno nacional podrá requerir a las entidades territoriales la elaboración de un estudio técnico, y la implementación del mismo, que garantice la viabilidad financiera estructural de los sistemas integrados de transporte masivo”.

Con esta iniciativa se cree que como mínimo de la reforma se van a tener que utilizar cerca de $2 billones, ya que solo con el Transmilenio en Bogotá, el déficit se acerca a $1 billón.

Inicialmente la Alcaldesa reclamaba un cubrimiento por parte de la Nación del 70% del déficit, pero dadas las necesidades que tiene el país por el impacto de la pandemia, se acordó el 50% del descuadre de recursos operativos.

De acuerdo con el analista Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia “con la dramática reducción el número de usuarios, los gobernantes locales tendrán que acudir al plan de recuperación de la pospandemia para evitar subir las tarifas del servicio público de transporte”.

Sostiene el también experto en transporte que “durante el cuarto trimestre de 2020, el parque automotor para el transporte urbano de pasajeros se redujo, en promedio, 12,9% respecto de 2019”

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Asocapitales

Como vocera de la Asociación de Capitales, la alcaldesa López destacó la importancia de blindar los sistemas de transporte público masivo que han sido golpeados por la crisis de la pandemia. “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que nos quedemos sin sistemas de transporte masivo y que se vayan a la quiebra. Lo que le hemos propuesto al Gobierno Nacional es un esquema de financiación, desde hace varios meses, para que, así como el FOME les ha dado subsidios a las empresas privadas para evitar el desempleo, también nos pueda dar un recurso de apoyo para los sistemas de transporte masivo", subrayó la mandataria distrital, recordando que en Bogotá este apoyo se requiere con urgencia para el sistema Transmilenio y los esquemas de transporte masivo de siete ciudades, incluyendo a Cartagena que enfrenta una crisis sin precedentes.

Con este panorama que ya incluye la reforma tributaria, es claro que para el Gobierno es fundamental no dejar quebrar el transporte masivo en las distintas ciudades.

Así lo demostró el año pasado, cuando debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 se tuvo que frenar la construcción de obras por algunos meses. Pero las administraciones locales junto, con la Nación, dieron pasos importantes para cumplir con los requisitos para que los proyectos de transporte urbano fueran una realidad.

Ayudas

Durante el año pasado, el Gobierno nacional realizó desembolsos por $381.384 millones para la cofinanciación de los sistemas de transporte. Estos se distribuyeron así: $102.439 millones en los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP), $171.873 millones en los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), y $107.071 millones en la Primera Línea de Metro de Bogotá - Tramo 1.

De acuerdo con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, “los Sistemas de Transporte Público Masivos y Estratégicos constituyen el eje central de una ciudad, brindando una movilidad segura, legal y ordenada”. La Ministra ha señalado que “la transformación urbana que va de la mano de las obras de infraestructura de transporte es fundamental para que los usuarios puedan vivir en ciudades amigables, con un transporte público que brinde soluciones y mejore la calidad de vida de todos los habitantes”.

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Avances

Uno de los avances más importantes del año pasado fue la consolidación del apoyo del Gobierno para el nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué, con la firma del convenio de cofinanciación. Esto garantiza aportes por $309.823 millones del total de inversión del proyecto, que alcanza los $466.572 millones. Este SETP mejorará la calidad de vida de aproximadamente 541.000 habitantes de la capital del Tolima, realizando 225.000 viajes diarios.

Asimismo, el tramo 3 de la Troncal Oriental del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali, fue declarado proyecto de importancia estratégica por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). En este sistema también se construyeron los patios talleres Aguablanca y Valle de Lili, infraestructura que permitirá seguir brindándole a los caleños un transporte masivo de calidad.

Además, se entregaron obras importantes para la implementación de diferentes Sistemas Estratégicos de Transporte Público de Santa Marta, Montería y Popayán. En la capital de Magdalena fue inaugurada la Terminal de Transferencia Gaira, con una inversión de $10.874 millones, de los cuales $9.573 millones fueron recursos de la Nación.

El apoyo del Gobierno también está orientado a proyectos férreos, que son fundamentales para la movilidad sostenible. Ejemplo de esto son el Metro de Bogotá, Regiotram de Occidente, en Cundinamarca, y el Metro ligero de la avenida 80 en Medellín, que también se fortalecieron y avanzan en su ejecución. El Metro de Bogotá y el Regiotram de Occidente se encuentran en fase de preconstrucción.

De otro lado, la inversión total en la primera línea del Metro de Bogotá es de $23,69 billones constantes de 2019, de los cuales la Nación aporta $16,06 billones. Esto se complementa con los recursos que entrega el Gobierno por más de $4,3 billones para las troncales alimentadoras del Metro en los corredores de la avenida 68 y avenida Ciudad de Cali.

Asimismo, en Cundinamarca, el Gobierno nacional está cofinanciando en un 70%, es decir, unos aportes de $1,4 billones la ejecución del Regiotram de Occidente, obra que conectará los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con Bogotá, a través de un sistema de transporte tipo tren ligero.

Por su parte, el Metro ligero de la avenida 80 está preparándose para abrir la licitación de quién será el concesionario integral que realizará esta megaobra, que cuenta con recursos de la Nación por $2,4 billones, que corresponden al 70% del costo total.

La financiación

Todo parece indicar que gran parte de los recursos para los sistemas de transporte masivos que contempla la reforma, saldrán de impuestos verdes. En el proyecto, se incluyó un paquete de impuestos verdes, con el que se aspira a recoger $3,48 billones anuales, que incluye tributos por el uso de combustibles fósiles, por el tipo de vehículo y también por el uso de bolsas plásticas. Sin embargo, esta propuesta puede ser modificada por el Congreso que podría destinar estos recursos a otros rubros.