LUEGO DE la decisión de la Corte Constitucional, de adoptar medidas cautelares sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y decretar la inaplicación de las normas que destinaban el 5 % de los recursos para la operación de los equipos básicos de salud, será el Consejo de Estado el que emita una decisión definitiva.

Esta medida le salió al paso a dos artículos de una resolución del Ministerio de Salud que ordenaba a las EPS el uso de esos recursos.

Al respecto, Ana María Vesga, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que reúne a las EPS con mayor cantidad de afiliados del régimen contributivo, expresó por medio de su cuenta de X que: “habíamos advertido que la destinación del 5 % de la UPC a la operación de equipos de salud ponía en riesgo el financiamiento de las demás atenciones del sistema. Hoy la Corte Constitucional se pronuncia para ordenar la inaplicación de esta disposición”.

Esta decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 que, en el marco al seguimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda, expidió el Auto 875 del 10 de mayo de 2024.

La destinación

En esta providencia, la Sala encontró que la destinación del 5 % para la operación de equipos básicos en salud, “puede representar una disminución en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y dar lugar a que las EPS cuenten con menos recursos disponibles para garantizar la prestación de la misma cantidad de servicios y tecnologías en salud cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en ambos regímenes”.

Sostiene el Alto Tribunal, que “con la UPC, las EPS deben financiar la mayor parte de los servicios y tecnologías en salud cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud y ese propósito se puede ver afectado si se efectúan destinaciones de cualquier porcentaje para financiar servicios específicos, pues aquellas generan un desequilibrio financiero para el sistema, tal como se estableció en las sentencias C-978 y C-979 de 2010”.

Además, la Corte advirtió que el Ministerio de Salud no aportó estudios técnicos que respaldaran esa decisión ni dispuso de una fuente adicional de recursos que compensara esa sustracción del 5 % a la UPC con destino a los equipos básicos de salud.

Por esta razón, la Sala decretó como medida cautelar, la inaplicación de los artículos 11 y 21 de la Resolución 2364 de 2023 y 10 de la Resolución 2366 de 2023, “hasta tanto el Consejo de Estado adopte una decisión de fondo sobre su legalidad y constitucionalidad”. En el mismo sentido, se ordenó la inaplicación del artículo 10 de la Resolución 2366 de 2023, que estableció la competencia para que el Ministerio de Salud sustraiga un porcentaje de la UPC para la operación de los equipos básicos de salud.

La confusión

Esta confusión en el manejo de los recursos de la UPC, es uno de los inconvenientes que más han tenido las EPS con el Gobierno, ya que las cifras nunca han coincidido y el desembolso de los dineros.

Precisamente, a comienzos de abril la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, pidió adelantar una investigación frente a posibles inconsistencias informadas por la Contraloría General, en la utilización de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación (UPC), por parte de algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Concretamente, la fiscal dijo que determinaría si las EPS habrían desviado $9 billones entre 2020 y 2021, destinados para la atención de cada afiliado y que son recursos girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Ante ello, Acemi dijo a los medios que la Contraloría General no había publicado ningún informe de cierre sobre una actuación que dé cuenta de hallazgos fiscales contra las EPS. Lo anterior, luego de que 19 de febrero el ente dio a conocer un informe sobre la situación de cerca de 26 EPS con las IPS y proveedores de la red, al corte del 31 de octubre de 2023.

Acemi indicó cómo en su momento remitió a la Contraloría sus observaciones sobre el referido informe, en las que solicitó la revisión de la metodología empleada en el análisis sobre un presunto incumplimiento de los indicadores financieros de las EPS.

“Específicamente en reservas técnicas, patrimonio y margen de solvencia”, indicó la asociación en lo que respecta a este caso.

Y aunque destacó que la Contraloría ofreció un escenario de mesa técnica para la revisión de la metodología usada, con el fin de “determinar los saldos de cartera de proveedores en la prestación de los servicios de salud y el cálculo de la reserva técnica”.

Requerimientos

En este orden de ideas, la agremiación manifestó que dichas solicitudes que ha hecho la Contraloría hacen referencia a los usos de la fracción del gasto administrativo que hace parte de la UPC, “y que reciben las EPS para su funcionamiento, que son objeto de aclaración y sustento”. Al punto que reiteró que las EPS tienen “múltiples mecanismos de vigilancia” para conocer en qué se han gastado los recursos.

“Entre ellos se encuentran los Estados financieros reportados periódicamente a la Superintendencia Nacional de Salud, el estudio de suficiencia para el cálculo anual de la UPC, la Circular 08 de 2020, la plataforma Mipres para el gasto No PBS, que permiten identificar el valor de cada servicio y el destinatario de estos”, señaló Acemi, que también se refirió a las visitas periódicas a las entidades por el organismo de control fiscal.

Cuentas maestras

Del mismo modo, enfatizaron que los recursos son girados a través de cuentas maestras que permiten plena identificación de los movimientos. “En aras de garantizar el correcto y transparente uso de los recursos de la salud de los colombianos, son bienvenidas todas las actuaciones de los órganos de control con el respeto al debido proceso y al derecho a la contradicción que tienen los vigilados”, reafirmó la entidad, que pidió “rigor y cautela”.

Es válido precisar que la Fiscalía ordenó la conformación de un Equipo Especial Conjunto de fiscales, al igual que expertos y peritos de la Delegada para las Finanzas Criminales, Delegada contra la Criminalidad Organizada y Delegada para la Seguridad Territorial, para que lleven a cabo la investigación a los recursos de dicho periodo, a fin de establecer posibles conductas punibles.

Cuestionan incrementos

Por otro lado, y sobre el manejo de los recursos, a finales del 2023, las EPS y algunos gremios de la salud reaccionaron a la decisión del Ministerio de Salud de incrementar la UPC a 12,01 %, correspondiente a 9,73 % de IPC (Índice de precios al consumidor) y 2,28 % de inclusiones de presupuestos máximos.

“Sin aumento real, por debajo del gasto del sistema, con inclusiones y menor al incremento del salario mínimo, además sin el debido proceso técnico y legal. Insistiremos con cifras: no es viable y no es sostenible el sistema si no se garantiza su correcto financiamiento”, escribió en X Ana María Vesga,

Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, por otra parte, sostuvo a los medios que “si esa UPC no se reajusta, el sistema tendrá menos recursos de los que necesita y esta desfinanciación se manifestará como barreras al acceso a los servicios de salud y medicamentos”.

Este aumento del 12,01% significa que las EPS del régimen contributivo pasan de recibir $1.289.246 por cada afiliado a recibir $1.444.086. Las EPS del régimen subsidiado pasan de recibir $1.121.396 a $1.256.076 pesos.

Conceptos técnicos en salud

Plan de beneficios en salud: es el conjunto de servicios de salud (procedimientos, medicamentos, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas) que las EPS deben garantizar a todas las personas afiliadas al sistema de salud.

Unidad de Pago por Capitación (UPC): es el valor que paga el Ministerio de Salud a las EPS, por el aseguramiento en salud de cada colombiano. Con este valor se financian la mayoría de servicios y tecnologías en salud incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.