Actividad edificadora completó 7 meses de resultados negativos en todo el país
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La construcción profundizó su tendencia negativa. La dinámica negativa del sector constructor se hizo más notoria en el segundo trimestre del año. En efecto, este sector registró una contracción de 7,6% frente al mismo período de 2017, explicado por un desempeño adverso en las dos actividades que lo conforman.
Por un lado, la actividad edificadora completó siete períodos consecutivos en terreno negativo. En esta oportunidad, este subsector de la construcción se contrajo a un ritmo de 7,6% anual, lectura que denota un rendimiento adverso frente al -3,9% anual registrado en el segundo semestre de 2017.
Lo anterior encontraría soporte en el bajo dinamismo que han registrado en los últimos meses las licencias de construcción: según los modelos, el desempeño del sector de la construcción está relacionado en buena medida con los movimientos del área aprobada para la construcción con un rezago cercano a un año.
Lo anterior resulta relevante toda vez que las licencias aprobadas en todo 2017, registraron un descenso mensual promedio de 7,7% con respecto a 2016. De cara al futuro, la perspectiva de esta actividad luce menos negativa.
Obras civiles
Por su parte, la construcción de obras civiles se contrajo 5,7% en términos anuales. En este trimestre, todos los tipos de construcción involucradas en el sector registraron descenso. Sin embargo, fue el grupo de construcción de carreteras, puentes y túneles el que realizó el mayor aporte negativo (cerca de 2 puntos porcentuales). Vale la pena destacar que un hecho característico de este espacio de tiempo es que gran parte del descenso en el pago de obras civiles estuvo motivado por los entes territoriales, lo que contrasta con la ejecución por parte de entidades nacionales.
A pesar del comportamiento adverso del primer semestre del año, se espera una segunda mitad más dinámica por cuenta de la continuación en la ejecución de proyectos 4G y la disipación de la incertidumbre en torno al ciclo electoral.
De acuerdo con los analistas del Bancolombia “reconocemos que los resultados reportados hasta el momento representan un sesgo bajista sobre la perspectiva de crecimiento del sector constructor. De hecho, a la luz de estos, la recuperación de esta actividad se podría tornar aún más gradual”.
Ventas
De otra parte, durante el primer trimestre de 2018 se comercializaron 42.052 viviendas de interés social nuevas, porcentaje menor al del primer trimestre de 2017, en el cual se vendieron 50.043 unidades. Sin embargo, en comparación con el último trimestre del año pasado, las ventas aumentaron un 11%.
Factores como los programas del Gobierno para facilitar la compra en segmentos de ingresos medio y bajo, los subsidios, las tasas de interés más bajas y el acceso a créditos hipotecarios incrementarán la venta de viviendas de interés social.
Sin embargo, la presidente ejecutiva de Camacol, Sandra Forero, también resaltó que la inseguridad jurídica del sector puede afectar la confianza y las expectativas de recuperación. Para la directiva gremial, la ausencia de respuestas claras en los diferentes niveles de gobierno, instituciones competentes y organismos de control, no permiten garantizar la continuidad de las obras.
Pedidos
Ante este panorama, el sector demanda al nuevo gobierno, planes de ordenamiento territorial que puedan proveer información de calidad, visión de largo plazo y el cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes proyectos de vivienda nueva en curso. Por su parte, los expertos y técnicos del sector inmobiliario demandan instrumentos para la gestión del suelo que permitan eliminar la subjetividad y la discrecionalidad en los proyectos. En este paquete de solicitudes también se pide respeto por las licencias de construcción, ya que hoy muchos constructores no tienen garantía de los derechos adquiridos y necesitan dar a los compradores, certidumbre sobre los terrenos, proyectos, materiales y demás factores que acrediten la seriedad y trasparencia de las obras.
Según cifras de Camacol, gracias al compromiso de los empresarios que han asumido los riesgos inherentes al desarrollo de proyectos habitacionales, desde 2010 se han lanzado en el país 4.000 proyectos de vivienda de interés social con más de 750.000 unidades.