El Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta enfrenta una situación crítica debido a la falta de cumplimiento por parte del Ministerio de Salud en los pagos que se esperaban desde el año 2023, generando preocupación tanto entre los profesionales de la salud como en la comunidad.

La deuda cercana a los $500 mil millones desencadena una serie de consecuencias que impactan directamente en la atención a los pacientes y la disponibilidad de insumos médicos.

El gerente del hospital, Miguel Tonino Bota, reveló que la deuda proviene de diferentes frentes, destacando la responsabilidad de pago del gobierno a través de entidades como Adres, con una deuda de $44.645 millones, y por atención a extranjeros, que asciende a $129.376 millones. En total, la gestión central le adeuda al hospital más de $174.022 millones. Esta deuda se suma a la cartera de entidades en liquidación, alcanzando una cifra alarmante de $225.531 millones.

Bota enfatizó la complejidad de la situación, dividiendo la obligación financiera en dos partes: "Un dinero es el que deben los aseguradores, entiéndase como EPS al hospital, y otra es la que directamente le debe el gobierno al hospital". La falta de pago oportuno ha llevado al hospital a cargar con un déficit de $78.000 millones, afectando el presupuesto de funcionamiento anual.

La situación se agrava con el incumplimiento del gobierno en el giro de $15 mil millones, compromiso establecido por una resolución del Ministerio de Salud desde noviembre de 2023. A pesar de las expectativas de recibir estos fondos durante las primeras semanas de enero, hasta la fecha, el hospital no ha obtenido respuesta alguna.

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La crisis financiera impacta directamente en la operatividad del hospital, afectando la disponibilidad de medicamentos e insumos esenciales. El gerente Bota señala que la escasez de materiales se está abordando mediante nuevos procesos de contratación, pero la situación sigue siendo crítica.

La falta de recursos también ha llevado al hospital a asumir el pago de nóminas y acreencias laborales del personal de planta y asociaciones médicas, generando una espiral de deudas y dificultades operativas.

La atención a la población migrante, que representa un componente significativo de la carga del hospital, se ve amenazada por la falta de regularización y la acumulación de pago. La ley obliga al hospital a brindar atención, pero la falta de un techo presupuestal complica aún más la situación.

Además, la deuda con entidades en liquidación, como Medimás, Coomeva y Salud Total, junto con la responsabilidad financiera del Gobierno Nacional, ha alcanzado niveles críticos, superando los $400 mil millones.