De acuerdo con el cronograma de la Superintendencia de Servicios Públicos, la diligencia se estaría realizando a finales de febrero

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Durante la inauguración del nuevo puente Pumarejo, a mediados de diciembre, el presidente Iván Duque reiteró que la licitación del nuevo operador para la prestación del servicio de energía en la región Caribe se realizará en febrero.

“Nuestra meta es tener la licitación del nuevo operador en los primeros dos meses del año 2020, y que empecemos a ver una solución estructural que parta por la mejora integral del servicio”, dijo Duque, quien destacó que la ley de crecimiento, recientemente promulgada, permitirá tener “una solución definitiva al problema de Electricaribe”. “Aprovecho, también, para decirlo con claridad: en el año 2020, independientemente del proceso de licitación para adjudicar el nuevo operador, vamos a hacer la más alta inversión en materia de equipos, cobertura y calidad para todos los usuarios”, sostuvo.

Aplazamiento

Inicialmente estaba previsto que la licitación se llevaría a cabo a finales del año pasado. No obstante, la decisión fue aplazada tras la caída de la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional en octubre.

La superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, señaló entonces que “se mantiene el mismo proceso que estamos ofreciendo: tres compañías, que es el mercado completo, o Caribe Mar, Caribe Sol por separado. Simplemente se ve el impacto por no poder contar con unas normas tributarias en particular”.

La funcionaria insistió en que “esta prórroga se aplica dentro del proceso de búsqueda de uno o más inversionistas para el sistema de distribución local y de transmisión regional, así como para la actividad de comercialización de energía eléctrica que realiza la empresa en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, con el fin de tener certeza sobre los aspectos fiscales que se están tramitando actualmente en el Congreso de la República”.

Afirmó que el nuevo cronograma contempla la presentación de sobres de oferta el 20 de febrero de 2020. La subasta por el mercado completo se realizará el 26 de febrero y por los mercados segmentados, el 28 de febrero. Mientras tanto el Gobierno nacional continúa apoyando a la compañía intervenida para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe. Por su parte, la empresa continuará contratando y ejecutando su plan de inversiones por más $800.000 millones que se traducen en obras dirigidas a mejorar progresivamente la calidad en la prestación del servicio.

La determinación del gobierno generó polémica. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, sostuvo entonces que “la decisión del Gobierno nacional de seguir aplazando la adjudicación del nuevo operador eléctrico es lamentable. La región necesita una solución permanente y estable de manera urgente. Ojalá no sigan dilatando la solución que tanto estamos esperando todos en el Caribe”. “Lo que uno pide es que ya no vuelvan a aplazar, que era para octubre, luego en noviembre y ahora en febrero, la gente está desesperada”, sostuvo.

Interés de EPM

Hace dos semanas Empresas Públicas de Medellín (EPM) presentó una solicitud de preevaluación relacionada con la adquisición de la totalidad de las acciones de Caribe Mar, una de las dos empresas que el gobierno propuso segmentar la compañía. Caribe Mar prestaría el servicio de energía a 1,5 millones de clientes de los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. Mientras que la otra empresa, Caribe Sol, tendría cerca de 1,2 millones de clientes y haría presencia en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Asumir el servicio

El alcalde Barranquilla, Jaime Pumarejo, reiteró la semana pasada la propuesta de que la ciudad y el departamento de Atlántico asuman el servicio si no hay un nuevo operador. "Si no hay un nuevo operador, ojalá el Gobierno nos escuche y nos dé la oportunidad de asumir ese servicio", indicó el nuevo Mandatario de los barranquilleros. "Dijimos al Gobierno que tomara en serio la propuesta que hemos hecho de que el Atlántico y Barranquilla están listos para recibir la prestación de su servicio, que nos entregaran nuestra red para manejar nuestra energía”, enfatizó Pumarejo. "En febrero debe llegar la nueva empresa, ojalá el Gobierno nos cumpla", manifestó el Alcalde de la capital del Atlántico.

$1,3 billones

Recursos por $1,3 billones ha invertido el Gobierno para garantizar la operación de Electricaribe, de acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, que aseguró que este año se giraron $860.000 millones para inversión.

La funcionaria indicó que los recursos están disponibles para la compañía y se giran en la medida que los contratos se van ejecutando. Avendaño explicó que el objetivo es que esto quede ejecutado durante 2020, independientemente de que la empresa siga intervenida o que entreguen las llaves en febrero, esos recursos son un compromiso del Gobierno nacional. “Cuando entreguemos las llaves quedarán depositados en un instrumento financiero, una fiducia para que se acaben de pagar esas obras. Eso no lo va a tener que pagar ni el operador, ni los usuarios vía tarifa”, explicó Avendaño, agregando que esto es por el lado de las inversiones.

Proceso judicial

Actualmente el Gobierno nacional afronta una demanda contra de Gas Natural por la mala prestación del servicio de Electricaribe en siete departamentos de la Costa,

El proceso ya ingresó a su fase final y según Camilo Gómez, director de Defensa Jurídica del Estado, Colombia va por buen camino en el reclamo de $1,7 billones por los perjuicios de la electrificadora. La audiencia que se desarrolló en Washington duró una semana, del 5 a 13 de diciembre, en las instalaciones del Ciadi, donde Gas Natural, ahora Naturgy, insistió en su reclamación de US$1.500 millones. Lo anterior, bajo el argumento de que la intervención de Electricaribe no fue procedente por “supuestas violaciones al estándar de: trato justo y equitativo; protección y seguridad plenas”.

“Colombia se concentró en demostrar que Electricaribe se encontraba en una precaria situación financiera que le impedía prestar el servicio de energía eléctrica en los siete departamentos de la costa Caribe. Colombia demostró que fue necesario intervenir a Electricaribe para garantizar el suministro de electricidad en la región Caribe y prevenir que se desarrollara una crisis financiera en el sector de energía eléctrica en Colombia”, indicó Gómez. Uno de los principales argumentos de Colombia es que la intervención de Electricaribe no fue un acto político y no constituye una expropiación, como alega Gas Natural.