Hoy termina la oferta pública de adquisición (OPA) que lanzó el holding IHC por Nutresa en la Bolsa de Valores de Colombia, con las cuales el conglomerado árabe busca una participación considerable en la compañía de alimentos y que ayer vivió una jornada de tensiones entre el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Gilinski ante la aceptación o no de la oferta por parte de Grupo Sura.

Según la oferta lanzada por la compañía árabe, relacionada en otros negocios con el Grupo Gilinski, con la transacción se pretende comprar entre 25% y 31,25% de la firma del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Se pretenden pagar US$15 por cada acción de Grupo Nutresa.

De otra parte, ayer se conoció que una de las empresas del GEA le solicitó a la Superintendencia Financiera (SFC) la suspensión de la OPA que lanzó International Holding Company por Nutresa, dadas las discusiones jurídicas al interior de compañías como Grupo Sura frente a la decisión.

Sin embargo, la entidad negó dicha petición, pues no se encontró que la oferta en sí misma pueda dañar a los inversionistas o al mercado.

Peticiones

"Las peticiones referentes a la suspensión de la OPA sobre acciones de Nutresa, con fundamento en lo dispuesto en la letra c) del artículo 6 de la Ley 964 dictada en 2005, ya fueron resueltas por esta Superintendencia, en el sentido de no haber encontrado que la formulación de la oferta en sí misma tuviese la capacidad o la potencialidad de generar daño a los inversionistas o al mercado, lo cual excluye la existencia de temor fundado, por lo que no se consideró procedente acceder a la solicitud de suspensión presentada”, dice la Superintendencia.

De otro lado cabe recordar que el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud que hizo Nutresa mediante una tutela con la que buscaba tumbar la orden de la Superintendencia de Sociedades de inhabilitar a dos miembros del Grupo Sura para que tuvieran poder de decisión frente a la OPA que avanza por Nutresa.

En la tutela se buscaba que Luis Javier Zuluaga y Jaime Sebastián Orejuela Martínez, “pudieran participar de la junta directiva del Grupo Sura S.A. en la OPA formulada por IHC Capital Holding LLC sobre acciones de Grupo Nutresa S.A. hasta la terminación del proceso”, señala los argumentos de la tutela que le fue negada a Nutresa.

 La Supersociedades inhabilitó a los dos miembros Luis Javier Zuluaga y Sebastián Orejuela, tras argumentar que sus vínculos familiares podrían generarles un conflicto de interés para pronunciarse sobre la oferta.

Entre tanto el Grupo Sura informó que fue notificada de un Auto del 16 de noviembre del Juzgado 10° Civil del Circuito de Oralidad de Medellín. Esta decisión decreta medidas cautelares, como parte del proceso por una acción popular promovida por el accionista minoritario Diego Patiño Moreno en contra de tres personas: María Ximena Lombana Villalba, Ángela María Tafur Domínguez y Andrés Bernal Correa, quienes son miembros de la junta directiva en representación del accionista Jaime Gilinski.

Por lo que, estos tres miembros no pueden dar órdenes como supuesta junta directiva, pues ese órgano lo deben conformar siete miembros.

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Argos no participará

Por otra parte, cabe mencionar que ayer se reunieron los socios de Grupo Argos para discutir los posibles conflictos de interés de los miembros de la Junta Directiva al decidir en la oferta.

La asamblea decidió habilitar a los cinco miembros del órgano directivo para decidir si vender o no la participación que tiene esta sociedad en la multilatina de alimentos, que es de 9,9%.

“Teniendo en cuenta los análisis técnicos y estratégicos presentados por J.P. Morgan, y los análisis jurídicos sobre la oferta presentados por asesores legales externos, entre otras consideraciones, la Junta Directiva de Grupo Argos decidió no participar en la OPA por Grupo Nutresa.

Grupo Argos reitera el compromiso con sus accionistas para que sean ellos quienes perciban el valor fundamental de la compañía y su portafolio de inversiones”.

Finalmente, IHC dice que una vez se finalice la oferta podrá evaluar la conveniencia o posibilidad de llegar a acuerdos con otros inversionistas para ejercer sus derechos políticos.