Ya no son $7 billones, ni $13 billones, ni $25 billones lo que el Gobierno espera conseguir con el proyecto de reforma tributaria que está a punto de ser presentado al Congreso de la República. En cifras redondas, son $26,1 billones, los que tiene en mente alcanzar el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con la iniciativa “Ley de solidaridad Sostenible”, que a juicio de los expertos será una de las reformas más duras, sobre todo porque se va a adelantar en plena crisis económica.
En declaraciones públicas, el ministro Carrasquilla ha dicho que de esos $26,1 billones, $10,5 billones se lograrían a través del IVA, $17,6 billones a través de los gravámenes a las personas naturales, $3 billones en los impuestos a personas jurídicas y se entregarían $5,1 billones a través del Sistema General de Participaciones.
Incluso, el Gobierno ha metido presión para que salga la reforma. En un foro que organizó ProBogotá, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que “si no hacemos esta reforma social sostenible, lo que estamos diciéndoles es que a partir de junio los tres millones de hogares que reciben Ingreso Solidario no lo van a recibir. Si no hacemos esta reforma le estamos diciendo a los hogares de Familias en Acción que les vamos a reducir los ingresos a la mitad”.
Para expertos tributaristas, emprender una reforma tributaria implica para el Gobierno un ajuste en gastos, transparencia en recursos, reajustes en IVA y ampliar base de renta.
Sin embargo, dadas las puntadas que se conocen de lo que contempla la iniciativa, la presente reforma tributaria parece destinada a cometer el mismo objetivo de las anteriores olvidándose de cambios estructurales: la prioridad es conseguir recursos urgentes para reducir un déficit fiscal que se disparó por la pandemia, pero no es probable que se sigan muchas de las recomendaciones hechas por los expertos, que incluyen, por ejemplo, eliminar el impuesto del cuatro por mil y el impuesto de Industria y Comercio (ICA), que beneficia a los municipios.
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La renta
Germán Torres, especialista en gerencia tributaria y magíster en tributación, sostiene a EL NUEVO SIGLO que uno de los aspectos importantes de la reforma tributaria es que “se piensa es tocar varios impuestos, dentro de ellos el impuesto a la renta. En este momento la renta de personas jurídicas está en una tarifa del 32%, pues eso dijo la última reforma tributaria, la Ley 2010 de 2019, pero muy posiblemente el Gobierno le va a echar mano a esta tarifa, es decir, la va a colocar un poco más alta. Esa tarifa se va a volver muy poco competitiva para las empresas que van a llegar a Colombia el próximo año; posiblemente no va a ser una atracción para los inversionistas extranjeros y es poco competitiva a nivel internacional y va a distar bastante los lineamientos que dice la OCDE, del 25%”.
Asegura Torres que sin duda con el IVA “el gasto fiscal que implican los beneficios para ciertos productos, bienes y servicios pues van a quedar eliminados. Entonces, qué es lo que quiere el gobierno: pasar muchos productos que en este momento están exentos de ser gravados a una tarifa del 19% y unos productos que están gravados a una tarifa del 5% pasarlos al 19%, dentro de ellos la gasolina y ustedes saben que la gasolina mueve máquinas, mueve vehículos, mueve industrias, y si la aumentan todos los productos van a subir en adelante. Entonces, esto es una situación en cascada, en cadena”.
Por su parte, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo en un foro de Davivienda que “no va a pasar que se logre recaudar $26 billones con la tributaria”. Sostuvo que “este año el déficit fiscal va a ser del 8.6% del PIB. Si no se vende ISA, el déficit fiscal será de 10% del PIB, una cifra muy alarmante para un país como Colombia”.
Sobre si se requiere de los cambios tributarios, Cárdenas precisó que “se necesita la reforma tributaria porque el país aumentó el tren de gastos para responder a esta coyuntura. El gasto del gobierno en la década pasada fue del 19% del PIB. En la actualidad ese gasto ha aumentado a 24% del PIB. Se necesita la reforma ese aumento de 5 puntos en el gasto no se va a reversar de un día para otro, algunos componentes se van a quedar".
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Los ajustes
Es por esta situación que Carlos Eduardo Sepúlveda, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, sostiene que “el sistema tributario colombiano es disfuncional. Un solo ajuste no corregirá los problemas que tiene nuestra estructura de impuestos, y mucho menos recogerá los ingresos necesarios para cubrir los gastos proyectados para los próximos años”.
En un seminario virtual organizado por Anif, Sepúlveda dijo que “asimismo está el abuso que en Colombia hemos hecho de los gastos tributarios (exenciones, deducciones, descuentos, etc.), beneficiando a unos pocos y haciendo un daño enorme al sistema tributario. Esto necesariamente pasa por ajustar tanto el impuesto de renta de personas naturales y jurídicas, como el IVA”.
A su turno, Carolina Rozo, vicepresidenta del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, señaló en su intervención que “el aspecto más importante para lograr la reforma tributaria que requiere el país es definir una política tributaria clara de mediano y largo plazo. ¿Qué sectores económicos queremos incentivar y por cuáles razones? ¿Vamos a gravar más intensamente a las personas naturales o a las jurídicas y por qué? Una reforma tributaria debe responder a una política tributaria y económica coherente y no a una necesidad coyuntural de recaudo”.
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Recuadro
Otros alcances de la reforma
Sobre la posibilidad de gravar los dividendos, el experto Germán Torres, sostiene que “la comisión de expertos recomienda integrar una sola tarifa de tributación y evitar ciertos beneficios a través de una mayor tributación, entonces también se tienen que tener en cuenta las reducciones de tarifas efectivas realizadas a nivel empresarial, puesto que se pierden mucho cuando hay distribución de dividendos y pues pasan de un carácter de no gravados a ser gravados”.
Sobre las reformas, Carolina Rozo, indica que “Colombia aprueba una reforma tributaria en promedio cada dos años y muchas veces, se derogan o modifican normas que no tienen más de uno o dos años de vigencia. Nos estamos quedando con normas permanentes que se crearon para solucionar problemas temporales. El resultado de estas reformas cortoplacistas es la existencia de normas incoherentes o incluso contradictorias, la creación de impuestos regresivos, como el gravamen a los movimientos financieros o de impuestos y medidas que se eliminaron o sustituyeron muy rápidamente”.
De otro lado, Juliana Londoño, profesora de economía de la Universidad de los Andes, sostiene que “no hay una distribución tributaria óptima actualmente en el país, por lo que los impuestos recaen sobre poblaciones que no cuentan con los recursos necesarios y así mismo son mayores los impuestos que tienen, por ejemplo, asalariados, frente a los que tienen las personas que obtienen rentas ocasionales”.