Una eventual reforma tributaria deberá tener dos pilares fundamentales: el desmonte de las exenciones y beneficios, así como ampliar la base impositiva. Así lo consideran varios analistas al conocer que el Gobierno finalmente presentará el proyecto para modificar la carta en el primer trimestre del 2021.
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Las actuales exenciones tributarias llegan a $92 billones, distribuidas así: $46 billones van a educación, servicios, transporte y sector del agro; $17 billones tienen que ver con beneficios en renta; $5 billones están dirigidos a las personas naturales, $11 billones a beneficios a las empresas y $74 billones tienen que ver con alivios en el IVA.
Frente a esta situación, el presidente de Anif, Mauricio Santamaría, indicó los aspectos que a su juicio deben incluirse, comenzando por una ampliación significativa del número de aportantes de renta, que muchos más colombianos paguen, "cada uno de acuerdo a su capacidad de pago”.
El economista explicó que “es inverosímil que en Colombia las personas naturales tan sólo paguen 1,2% del PIB en impuesto de renta y que tan sólo haya cerca de 2 millones de contribuyentes, 4,5% de la población económicamente activa”.
Beneficios
En cuanto a los incentivos tributarios que se dan en el país, Anif considera que el proyecto de ley debe eliminar la mayoría de las exenciones y excepciones, tanto en renta como en IVA, que valen cerca de 8% del PIB e incluye exenciones a altos ingresos y sectores en renta y la exclusión de la canasta familiar del IVA, cuyo impacto regresivo se puede contrarrestar aumentando la devolución que ya se encuentra en marcha.
Asimismo, Santamaría explica que la reforma debe continuar el camino de reducción de impuestos parafiscales que empezó en 2012 y avanzar con los impuestos verdes, sin afectar la generación de energía eléctrica ni sus precios para el público.
Argumentos
Entre los argumentos que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, expuso para finalmente decidir que la reforma a la carta tributaria va el próximo año está que el país ha tenido que disponer de una mayor cantidad de recursos para asumir los costos derivados para el manejo de la pandemia, lo que ha producido un alto endeudamiento, que ya bordea el 62% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, el país ya ha tenido que gastar alrededor del 4% del PIB en la atención de la pandemia ($44 billones).
Carrasquilla señaló en declaraciones a Blu Radio que “el telón de fondo de la situación es que por el coronavirus el Gobierno tuvo un doble efecto en sus cuentas”.
Explica que el país ha tenido un menor recaudo de impuestos este año y, al contrario, ha tenido más gastos. Señaló que “entonces ese doble tren nos llevó a tenernos que endeudar en montos significativos y ese incremento de la deuda, que era necesario hacer, pues hay que pagarlo”. Carrasquilla recalcó que hay que ir pensando en la manera de conseguir la plata para pagar esa deuda.
Estudio
Al señalar que aspira a dejar presentada la reforma, Carrasquilla señaló que entre enero y febrero la Misión de Expertos que está estudiando los incentivos que deberían desaparecer, y que desde ya se están dando diversos análisis permanentes en el Gobierno, al tiempo que se han comenzado discusiones con varios congresistas acerca de las características que deberá tener la reforma tributaria. “Tenemos conciencia de que hay que concertar”, indicó Carrasquilla.
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Inoportuna
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que “no vemos oportuno que en el primer trimestre del próximo año cuando apenas la curva de la recuperación y la reactivación puede ir fortaleciéndose, se genere un nuevo marco de incertidumbre para los empresarios y en este caso sería la reforma tributaria”.
Señaló que abrir la caja de pandora en el Congreso con una reforma tributaria, también significa eventualmente perder incentivos que quedaron dados para el sector empresarial y la disminución de la carga tributaria que se dio con la reforma a la ley de crecimiento económico.
“Creemos que el Gobierno debería liberar una gran iniciativa de reducción del tamaño del Estado, de adelgazamiento en todos sus poderes y de esta manera tratar de generar caja a través de reducción de gastos de funcionamiento y no de la inversión que se tiene que dar en políticas públicas, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social”, manifestó el dirigente gremial.
Por el lado de los sindicatos, el presidente de la Confederación General del Trabajo CGT, Julio Roberto Gómez, calificó de absurdo, inaceptable e inoportuno, sin sentido y que no tiene presentación, que en medio de la pandemia, en medio del empobrecimiento de la población colombiana, el Gobierno anuncie una reforma tributaria.
“Nuestro rechazo es categórico, no estamos de acuerdo de ninguna manera que se plantee una situación de esta naturaleza, en medio de una pandemia que ha hecho crecer el desempleo y la informalidad en nuestro país”, afirmó el dirigente sindical.
Propuestas
Por su parte, la presidenta de Camacol y del Consejo Gremial, Sandra Forero, dijo que por ahora no han sido contactados por el Gobierno para analizar los puntos que debería tener la reforma o socializar las ideas que hay.
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Sin embargo, la directiva planteó igualmente cuatro puntos fundamentales que debería tomar en cuenta el proyecto de ley. El primero es incentivar la inversión y el desarrollo empresarial, lo cual impulsará el crecimiento y el emprendimiento; segundo, fortalecer los incentivos a la formalización de las unidades productivas, para tener un sistema más incluyente y articulado.
En tercer lugar, según Forero, la reforma debe tener en cuenta el control efectivo a la evasión y, como cuarto eje, ser lo más simple posible, ya que eso facilita el recaudo y la apropiación por parte de todos los actores.
Impuestos a industria digital
La tributación a la industria digital, es decir a las grandes aplicaciones, como Amazon, Facebook, Google, Uber, DiDi, Rappi y demás no es similar a la de otras compañías debido a su virtualidad. Por ejemplo, uno de los impuestos que no les aplica es el de renta.
Hoy, en Colombia, este tipo de industria digital paga el impuesto sobre las ventas (IVA) y el impuesto de Industria y comercio (ICA). Además, la legislatura nacional se rige bajo una de las medidas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), grupo en el que Colombia hace parte, que establece reglas y criterios fiscales para le economía digital.
Por ejemplo, en 2019, las plataformas pagaron $253.678 millones, lo que no es más que 0,68% del recaudo total de IVA en, que totalizó $37,08 billones, indicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Entre enero y octubre de este año, el recaudo tributario por compañías digitales es de $209.887 millones, sobre más impuestos la entidad no se pronunció.
Un reciente estudio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) puntualizó que, mediante diversas prácticas, las compañías digitales trasladan sus beneficios a guaridas fiscales y así evaden y eluden impuestos, pagando globalmente un porcentaje bajo de sus ingresos. Además, no tributan en países donde no tienen presencia física, pero sí tienen millones de usuarios que contribuyen a la creación de valor.
El socio director de impuestos en Crowe Colombia, Pedro Sarmiento, advirtió la necesidad de que la próxima reforma tributaria contemple un nuevo tributo para estas plataformas debido a su solidez económica y la obligación de aumentar el recaudo para afrontar la crisis.