ANTE LA falta de apoyo del gobierno y políticas claras para el sector, el 49% de las empresas petroleras en el país disminuirían sus operaciones en los próximos 5 años, esto se desprende del último informe del Barómetro Petrolero, presentado por Jaime Arteaga & Asociados, en donde se evidenció que el pesimismo del sector petrolero se incrementó.
Este estudio midió la percepción de los colombianos sobre la transición energética, el impacto para el desarrollo económico e industrial del país y la producción de hidrocarburos.
Por otro lado, el informe señala que el 66% de los encuestados cree que la economía del país sería peor si las empresas de petróleo y gas dejarán de operar en Colombia, mientras que 24% afirma que sería igual.
Precisamente, cuando se abren este tipo de consultas, una de las preocupaciones de la sociedad en general es la economía de los territorios y los índices de pobreza. Bajo esos lineamientos, seis de cada 10 de los encuestados (66%) dijo que el país debe priorizar la superación de la pobreza y las inequidades, aunque eso signifique continuar con la producción de petróleo y carbón.
La transición
Otro de los datos es que 70% de los consultados está de acuerdo en que se puede combatir el cambio climático sin reducir drásticamente las operaciones de energía y gas. Incluso, 8 de cada 10 encuestados creen que es posible que, en un futuro, las operaciones de energía y gas coexistan con otras fuentes de energías limpias. Y sobre esto, 92% de los consultados cree que se requiere tiempo para que el proceso de transición energética sea justo.
Pese a lo anterior, hay resultados del informe que asombran. Por ejemplo, que la mitad de los ciudadanos dice no saber qué es la transición energética, un punto poco alentador si se tiene en cuenta la importancia que representa este desafío a nivel mundial, y que sugiere cambios en los modelos de producción y distribución de energías. Hay que tener en cuenta que Colombia es el tercer país de la región que más avanza en la materia, según datos de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).
La investigación también consultó sobre la reducción de emisiones de carbono y sus costos, un aspecto que según los entrevistados deben asumir los países más desarrollados, en proporción con su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta visión fue respaldada por cerca de 9 de cada 10 consultados, una cifra similar a quienes creen que los recursos que genera la industria del petróleo y gas debe financiar alternativas productivas.
"El respaldo de la ciudadanía a la industria del petróleo y gas es el resultado de un diálogo constante sobre el futuro de las exploraciones y la producción de hidrocarburos en el país", señaló Jaime Arteaga, director general de JA & Asociados.
Operaciones
Cuando se consultó a directivos del sector y a entidades del Gobierno, 84% cree que la industria y sus derivados son necesarios para la vida moderna, lo que coincide con los ciudadanos que piensan que es positivo para el desarrollo y economía del país. Así mismo, respaldan la confianza de los consultados al reconocer que es posible hacer operaciones petroleras socialmente responsables, igualmente, con el medio ambiente, en un 72% y 68%, respectivamente.
Esta investigación coincide con un análisis presentado por Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), el cual reveló que la competitividad de Colombia a nivel regional ha caído cuatro puestos en cuanto a competitividad económica tras la entrada en vigencia de la reforma tributaria.
De acuerdo con el análisis presentado por el presidente de Campetrol, el país era el primero en este dato, previo al cambio en el sistema tributario, y pasó a ser el quinto.
Cabe recordar que la reforma tributaria aprobada en 2022 generó importantes cambios para el sector, del cual se espera obtener un porcentaje importante de los recursos.
Dentro de los cambios introducidos se generó una sobretasa al impuesto de renta que está relacionada con los precios vistos. Así mismo, se genera la no deducibilidad de regalías del impuesto de renta, que actualmente está en estudio en la Corte Constitucional, para evaluar su constitucionalidad.