AL SER rechazado el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 por el Congreso de la República, tal como lo presentó el Gobierno por un monto de $523 billones, el presidente Gustavo Petro, anunció que lo va a hacer por decreto.

Esta es la primera vez que la carta presupuestal deberá ser decretada, cuando normalmente ha pasado por el Legislativo como un debate normal que no complica ni la estabilidad de las finanzas ni la credibilidad del país.

Sin embargo, analistas y expertos consultados por EL NUEVO SIGLO, consideran que el mensaje que va a transmitir el Gobierno con ese ‘dedazo’ normativo, es que va a incrementar la incertidumbre y desconfianza en el manejo fiscal del país, sobre todo ahora que tiene la lupa de las calificadoras, y que de todos modos es una muestra que las complicaciones para la Administración Petro, que en el discurso busca un acuerdo nacional con las distintas vertientes políticas y gremiales, pero que cada día vía X, manda mensajes en contravía de ese objetivo.

Además, este primer lance del semestre entre el Congreso y el Gobierno, deja mal parada a la Administración Petro, sobre todo cuando al mismo tiempo introdujo las otras dos reformas sociales al mismo tiempo, como lo son la laboral y la de salud, y en las que requiere de un manejo político con los congresistas.

Además, este primer lance del semestre entre el Congreso y el Gobierno, deja mal parada a la Administración Petro, sobre todo cuando al mismo tiempo introdujo las otras dos reformas sociales al mismo tiempo, como lo son la laboral y la de salud, y en las que requiere de un manejo político con los congresistas.

Impacto político

Al respecto, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo a este Diario, que “desde el punto de vista político es bueno anotar que este es un desaire innecesario que le ha hecho el Gobierno al Congreso al no aceptarle que no se incorporará en el monto del presupuesto, el eventual producido de una reforma tributaria por ser ingresos contingentes. Lo que va a conducir es ahondar las diferencias políticas entre Ejecutivo y Legislativo y hacer más improbable aún la aprobación por parte del Congreso de una nueva reforma tributaria”.

Sobre este aspecto, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, dijo a este Medio, que “la ausencia de consenso en el Congreso para aprobar el presupuesto de 2025, debido a las preocupaciones sobre la desfinanciación, evidencia la importancia de un manejo fiscal responsable y el respeto a la independencia de los poderes. Este impasse no solo subraya la necesidad de un presupuesto equilibrado, sino que también debería llevar al Gobierno nacional a evaluar cuidadosamente las prioridades del país y ajustar el monto en consecuencia”.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, sostuvo que “en economía toda decisión de manera equivocada alguien la paga, en este caso creo que será el propio Gobierno el que tendrá que asumir el costo de no haber logrado concertar con el Congreso el monto del presupuesto”.

Tributaria en el limbo

Puntualizó que “el Gobierno se somete a un doble error, por un lado, evidentemente terminó confrontando al Congreso de manera innecesaria por el faltante de los $12 billones, pero por el otro lado evidentemente la reforma tributaria, que ya no se llamará ley de financiamiento, pues muy seguramente no tendrá eco en el Congreso, lo cual significa que más temprano que tarde el Gobierno tendrá que recortar el presupuesto de gastos”.

En esto coincide Lacouture, al sostener que “es importante recordar que, aunque el Gobierno busca que el Congreso apruebe la ley de financiamiento o la reforma tributaria para alcanzar los 523 billones de pesos propuestos, debemos ser realistas. Un aumento en la carga impositiva para personas y empresas en un contexto de bajo crecimiento económico y limitada capacidad de recaudo fiscal, no es viable ni deseable”.

Ante lo que ha conllevado esta situación con el PGN, incluso algunas voces, señalaron que ahora comenzaría una ‘dictadura’ fiscal en las que el Gobierno va a decidir a qué sectores beneficia con más recursos y a qué otros recortan las partidas, como es el caso de la inversión. Para otros analistas, comienza un revolcón para manejar el presupuesto a su conveniencia.

En ese sentido, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, fue categórico al decir a EL NUEVO SIGLO, que: “Esto no es una dictadura fiscal porque esta aprobación por decreto no es que sea una decisión unilateral del presidente, simplemente es lo que se deriva de que no lo aprobó el Congreso, entonces eso me parece peligroso y ya me han llamado clientes a decirme si es que esto es un extralimitación de los poderes del presidente, eso no es cierto y presentarlo así me parece que es generar mayor tensión”.

Al respecto coincide el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, al señalar a este Medio, que “no creo que se pueda hablar de una dictadura fiscal, ese adjetivo puede dar la sensación de que una expedición del presupuesto vía decreto por parte del Gobierno Nacional está por fuera del ordenamiento jurídico. Realmente, tanto la Constitución como la ley son muy claras sobre el procedimiento para la aprobación del Presupuesto General de la Nación y da un tiempo límite hasta el 20 de octubre. Si el Congreso, pasados estos tres meses desde el inicio de la legislatura no aprueba el Presupuesto General, la Constitución y la ley facultan para que el Gobierno nacional lo expida por decreto. Así que vale la pena hacer esa precisión”.

'Peras con manzanas'

Ante esta situación, el exministro Restrepo, dijo que “la discusión del presupuesto nacional para la vigencia del 2025 ha sido caótica e inocua. Porque nunca se había visto una cantidad de giros, bandazos, marchas y contramarchas. Todo se debe a que el Gobierno equivocadamente insistió en incorporar en una misma cifra los ingresos ciertos con los ingresos contingentes que deberá proveer la nueva reforma tributaria, pero cuya aprobación es incierta al mezclar en una misma cifra $12 billones”.

Sostuvo que “se termina sumando ‘peras con manzanas’, lo cual no es aceptable ni de acuerdo con las normas presupuestales ni con las normas de la contabilidad pública. El Gobierno ha creído que con inflar el presupuesto se aumentan sus ingresos, eso no es cierto. A medida que avance la ejecución del presupuesto se verá que hay un faltante muy grande de recursos para el año entrante y entonces habrá que recortarlo tal como se hizo con el del 2024”.

A todas estas, Mejía, puntualizó que “de todas formas es desafortunado que no se haya logrado por ahora llegar a un acuerdo desde el punto de vista del monto del presupuesto y en las distribuciones entre funcionamiento e inversión. Es la primera vez que ocurre en la historia moderna del país, desde la Constitución del 91. No habíamos tenido un caso en el cual, el Congreso no aprobara el monto del presupuesto, lo que usualmente ha sido un tema de trámite”.

Descontrol en el gasto

A su turno, el presidente de la ANDI y del Consejo Gremial Nacional, Bruce Mac Master, señaló a este Diario, que “es muy lamentable que hayamos llegado al punto en el cual el Congreso de la República haya tenido que abstenerse de aprobar un presupuesto que era completamente irracional y salido de todas las posibilidades de nuestra economía para poder financiar un estado. Es el resultado de unas ambiciones desmedidas de gasto, hasta el punto de caer en irresponsabilidad. Con razón el Congreso de la República no pudo aprobar ese monto”.

Indicó Mac Mater, que “pero también es muy preocupante la voluntad del Gobierno de no ceder a los argumentos técnicos y los argumentos de conveniencia macroeconómica, manteniendo su posición con arrogancia, sabiendo que la ley de presupuesto cuenta con la excepción de poder ser decretada por el presidente en caso de no ser aprobada por el Congreso. Sin embargo, lleva al país a un gran error y es el contar con un presupuesto desfinanciado, que es una señal supremamente grave para los mercados y para la sociedad misma. Nuevamente hay que decir que la idea de que el Gobierno puede imponer su voluntad en todos los casos, especialmente en aquellos en los cuales el Congreso es quien realmente debe tomar la decisión final, es muy equivocada y conduce a generar inmensos problemas para la sociedad”.

El exministro Restrepo, recalcó que “la aprobación por decreto del presupuesto nacional es también una medida discutible desde el punto legal e inocua. Presupuestalmente hablando es extraña porque la única fecha que la Constitución señala para poder dictar por decreto un presupuesto, es la medianoche del 20 de octubre. Solo en ese momento podremos saber si se omitió la expedición por parte del Congreso del presupuesto y entonces procedería la expedición por decreto. De resto se debería mantener la discusión del presupuesto a lo largo de estos meses que quedan”.

El faltante

Respecto al faltante presupuestal, que fue uno de los hechos que más se criticó al Gobierno de no bajar el monto inicial de $523 billones, cuando al mismo tiempo reclama otros $12 billones con la tributaria o ley de financiamiento, Restrepo señaló que “el faltante presupuestal es muy grande, es más grande que los $12 billones que teóricamente deberá aportar la reforma tributaria. Los observadores más creíbles consideran que el faltante en el presupuesto del año entrante entre ingresos y gastos es del orden entre $30 a $40 billones. Si el presupuesto no sé sincera desde ahora, más estrepitoso será el recorte que habrá que hacerle a lo largo del año entrante, tal como hubo que hacerle al de 2024”.

Por otra parte, el director de Fedesarrollo, se refirió a esta situación y dijo que “con lo que ocurrirá de una expedición del presupuesto por decreto, muy seguramente habría muy poco ambiente político para discutir una ley de financiamiento por $12 billones. Eso obligaría al Gobierno nacional a tener un decreto de aplazamiento el próximo año o recortando los recursos faltantes que seguramente no llegarían vía la ley de financiamiento. Así que es una situación desafortunada porque no existe un precedente en la historia moderna del país y creo que el Gobierno debe tratar de moverse hacia un monto de presupuesto que sea más consecuente con la capacidad de recaudo tributario el próximo año. En nuestros cálculos estamos hablando de un desfinanciamiento del presupuesto de al menos $26,6 billones, esto es $12 billones relacionados con la ley de financiamiento y $14,6 billones que el Gobierno ha incorporado adicionalmente como gestión de la DIAN, por encima de los $14,6 billones que había introducido inicialmente y que son de muy difícil materialización”.

Incertidumbre con calificadoras

Pero otro elemento que debe valorar el Gobierno es que, con esta discusión y decisión con el PGN, surge el riesgo de la incertidumbre fiscal y la percepción que de esto tengan las firmas calificadoras y que en el entorno lo que suceda es que se encarezca el crédito para el país.

El presidente de ANIF, José Ignacio López, expresó a los medios, su preocupación por los efectos de que el presupuesto de 2025 sea aprobado por decreto, señalando que esto podría generar ansiedad en los mercados financieros y aumentar el riesgo país. Según López, un presupuesto desfinanciado tendría implicaciones negativas tanto para la economía como para las calificadoras de riesgo.

“No es un precedente deseable”, afirmó López. “Un presupuesto ambicioso sin los recursos que lo soporten eleva las primas de riesgo, incrementa las tasas de interés, y obliga al Gobierno a destinar más dinero para pagar su deuda. Esto, a su vez, genera la necesidad de recortes y ajustes para mantener la regla fiscal”.

El presidente de ANIF sugirió que la estrategia actual del Gobierno, que consiste en proponer presupuestos elevados para luego aplicar recortes, genera incertidumbre. “Tener un presupuesto más ajustado y financiado acorde con la realidad fiscal sería más prudente. Las calificadoras de riesgo, dos de las cuales ya tienen a Colombia en perspectiva negativa, podrían tomar decisiones más críticas si persiste la falta de financiación”, subrayó.

López advirtió que este tipo de incertidumbres afecta la confianza de los inversionistas y podría dificultar la capacidad del Gobierno para financiar proyectos clave, afectando el panorama económico del país.

La discusión puede seguir

El analista y académico de la Universidad del Rosario, esbozó otra situación que se puede presentar y es que la discusión del PGN todavía está viva.

Señala a este Diario, que “cuando el Congreso, ese 24 de septiembre llevaba 4 horas de debate, y llamó según el reglamento y aplicando la ley quinta del 92, a que la sesión se declarará permanente, en ese momento se retiraron muchos senadores del recinto y se quedó sin quórum. Entonces lo que decidieron fue suspender el debate y muchos de los analistas interpretaron que el presupuesto se había rechazado. No, el presupuesto no se rechazó, pero tampoco se aprobó, es decir quedó en un limbo jurídico. Lo único que está rechazado hasta ahora es una meta de gastos de $523 billones definidos en la sesión del 11 de septiembre”.

Señala que “en ese momento la gente interpretó que hasta ahí llegaba el recorrido del proyecto en el Congreso. Pero eso no termina ahí, porque claramente los artículos 346 de la Constitución Política y el 349 dicen de manera clave y expresa que el trámite o el tránsito del proyecto de PGN en el Congreso debe ser entre el 20 de julio, óigase bien, y el 19 de octubre a las 11:59 minutos de la noche. Si a esa hora y en esa fecha hipotéticamente el Congreso no aprobase el presupuesto, se podrá expedirlo por decreto”.

El académico explica que “igualmente, hipotéticamente, también se puede presentar la posibilidad que tanto en plenaria de Cámara como en plenaria de Senado se sigan discutiendo las dos ponencias que quedaron, una de $523 billones del gobierno y otra por $517 billones de la senadora Olga Lucía Velázquez, entonces así el Congreso podrá decidirlo. Pero solo hasta el 19 de octubre a las 11:59 minutos de la noche sabremos si el presupuesto sale por ley y si queda habilitado jurídicamente el presidente de la República para expedirlo por decreto”.