EL TRÁMITE de la reforma a la salud se reanudará en la segunda legislatura; es decir, después del 20 de julio. Este escenario es idéntico para la reforma pensional, pero no para la laboral, pues deberá ser radicada nuevamente y así recomenzar el proceso necesario para su aprobación.

Las dos reformas más adelantadas, tendrán que ser aprobadas en sus tres debates restantes en la próxima legislatura. El plazo queda abierto hasta el 20 de junio de 2024; durante ese tiempo, se espera que la reforma laboral logre superar los baches y quede al nivel de las demás reformas sociales.

Sin embargo, el panorama de las reformas se hará más difícil en el próximo período. Cabe resaltar que se avecina una nueva contienda electoral y los intereses se centrarán en la suma de fichas para los distintos partidos políticos. Además, el gobierno nacional perderá la mayoría que tuvo en la Cámara y el Senado, pues el Partido Liberal y la Alianza Verde ocuparán la presidencia.

Reforma a la salud

Uno de los gremios que más ha cuestionado la reforma a la salud es Asofondos. El director de este gremio, Santiago Montenegro, en un análisis sobre los cambios, dice que “el gobierno de Gustavo Petro ha presentado un proyecto de reforma que ha sido aprobado en una primera instancia en la Comisión 7a del Senado, un proyecto de ley que tiene elementos que consideramos positivos y otros que no resuelven los problemas planteados y requieren modificación en los debates subsiguientes”.

Dentro de los 94 artículos aprobados en esta primera fase del trámite del proyecto, se destacan como aspectos positivos: formaliza y amplía el pilar solidario, integra en un solo sistema los dos regímenes existentes, pero necesita ajustes adicionales, limita los subsidios a las pensiones altas (aunque no los elimina) y hay un enfoque de género, que permitirá avanzar en subsanar la discriminación del sistema hacia las mujeres”.

Sin embargo, el gremio identifica algunos aspectos de fondo que están en riesgo y sobre los que “llamamos la atención para que en las siguientes etapas de discusión en el Congreso sean analizados ampliamente y de forma objetiva, pues este proyecto es trascendental para todos. Consideramos que existe un riesgo para los derechos que los trabajadores tienen hoy día, se puedan ver afectados en la etapa de vejez”, aseguró Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

El gremio propone: que el ahorro sea un principio fundamental, ajustar el pilar semicontributivo. Teniendo en cuenta que 3 de cada 4 colombianos no se pensiona, y la mayoría de ellos no recibirá el subsidio solidario, estos trabajadores recibirán un pilar Semicontributivo. Eliminar subsidios a los trabajadores con ingresos altos. Y debe primar la libertad de elegir.

La reforma laboral

La reforma laboral, una de las tres banderas del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, volverá a ser presentada ante el Congreso. El jefe de Estado indicó que de parte del Ejecutivo insistirá de nuevo en este proyecto de ley, que se hundió en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, cuando apenas pudo ser radicada la ponencia positiva, pero no alcanzó a ser discutida por la plenaria.

Al respecto, el presidente de Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, dijo que Colombia necesita desde hace mucho tiempo el proyecto, pues el hecho de que haya tanto desempleo y un nivel alto de informalidad, “es la muestra de que Colombia tiene una estructura laboral con inmensos problemas que tienen que ser corregidos”, sostuvo.

De acuerdo con muchos estudios que demuestran que una de las causas de la informalidad son los costos asociados al trabajo, en específico los que no recibe el trabajador, parafiscales o prestaciones sociales. “La reforma tiene una serie de disposiciones que aumentan las barreras a la formalidad, por lo tanto, generan informalidad. El ministro de Hacienda incluso dijo en la Cámara que muy probablemente esos 425.000 de los cuales hablaba el Banco de la República no iban a ser de nuevos desempleados, sino nuevos informales”, explicó Bruce.

Bruce Mac Master mencionó unas normas que se deberían establecer en la reforma laboral: “Primero, generar empleo. Segundo, protección social a los trabajadores. Tercero, reducción de la informalidad. Cuarto, aumento de la productividad del trabajo. Quinto, modernización del mundo laboral. Necesitamos contratos modernos, contratos que se ajusten a las relaciones laborales internacionales, al mundo digital”, mencionó en diálogos con El Tiempo.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, mencionó que “no se debe radicar el mismo proyecto que se hundió durante la legislatura pasada. Es una oportunidad para que el Gobierno invite a diferentes sectores de la economía a construir un proyecto enfocado hacia la generación de empleo y estímulo a la formalización”.

El dirigente afirmó que la nueva propuesta debe incluir unos requisitos básicos que permitan la participación amplia de organizaciones como gremios, centros de investigación, centrales obreras, partidos políticos, la academia y la concertación real de todos los sectores productivos, propiciando una verdadera participación entre todos los actores de la sociedad.

El vocero de los comerciantes hizo un llamado para que ese nuevo proyecto se haga bajo los siguientes lineamientos: 1) Una verdadera concertación, 2) Acabar con la narrativa de dividir empresarios y trabajadores, 3) Incrementar la generación de empleo y la formalidad, 4) Fortalecimiento y promoción del emprendimiento, 5) Más Empleo para jóvenes y mujeres, 6) Concurrencia del sector público, 7) Respeto por las diferencias conceptuales y estadísticas “Estamos dispuestos a trabajar y proponer ideas dentro de esta mesa de concertación”, concluyó.

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La reforma pensional

Luego de un difícil trámite para las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro durante el inicio de año, la pensional se salvó y alcanzó a pasar en primer debate, lo cual significa que seguirá analizándose en la próxima legislatura.

En la discusión inicial hubo algunos cambios en requisitos como los del régimen de transición, es decir, para determinar a quiénes no les aplicarán los cambios que traerá la reforma y seguirán bajo el formato actual.

Lejos de pasar desapercibidos, estos ajustes fueron analizados a profundidad por los expertos del centro de estudios económicos ANIF, que lidera Mauricio Santamaría, quienes a través de un documento describieron su preocupación por el impacto que tendrían.

Así, la ANIF recordó que inicialmente el texto presentado establecía que tanto a los hombres como a las mujeres que tuvieran mínimo 1.000 semanas cotizadas se les continuaría aplicando las normas vigentes al día de hoy.

Pero tras el primer debate se decidió que a las mujeres que cuenten con mínimo 750 y los hombres que cuenten con al menos 900 semanas cotizadas se les continuará aplicando las normas de la Ley 100 de 1993.

Adicionalmente, en cuanto al traslado de régimen, quienes tengan estos mismos requisitos y adicionalmente les falten menos de 10 años para la edad de jubilación tendrán 2 años para pasarse de su AFP a Colpensiones, o viceversa.

“Además, otro ajuste importante en el que se diferencia a hombres y mujeres es la edad mínima con la cual pueden acceder a los pilares solidario y semicontributivo (que crearía la reforma pensional). Anteriormente esos dos pilares requerían que todos los beneficiarios fueran mayores de 65 años, junto con otros requisitos específicos. En los cambios realizados se busca que las mujeres puedan acceder a esos beneficios a partir de los 60 años”, apuntó ANIF.

Las cuentas

Con todos estos ajustes en primer debate, continuó el centro de estudios económicos, el pasivo pensional en Colombia alcanzaría el 170,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en el año 2100, 22,2 puntos porcentuales más en relación con el anterior escenario (con la reforma como estaba planteada originalmente).

Esto se daría en el entendido de que habría más beneficiarios en los programas solidarios de la reforma al reducirse la edad requisito de las mujeres, y que se ampliará el número de personas cobijadas por el régimen de transición.

“Bajo la nueva transición, en la que ahora se permite que las mujeres con mínimo 750 semanas y los hombres con 900 semanas y menos de 10 años de pensión puedan trasladarse de régimen, el costo asciende a 20,1% del PIB. Esto es 3,3 veces mayor que el costo anterior y supone una fuerte presión fiscal para el Gobierno”, añadió ANIF.

Así mismo, mencionó la decisión de la Corte Constitucional que reducirá las semanas requeridas para que las mujeres se pensionen de 1.300 a 1.000, y explicó que, si bien la población femenina cuenta con más barreras para cumplir los requisitos, esto afectará el monto del ahorro total de ellas, así como las finanzas públicas, pues la Nación tendría que financiar un subsidio más alto.