EL ESTADO colombiano ha pagado solamente en los últimos siete años más de $42,5 billones por sentencias judiciales, lo que representa el 40% del presupuesto anual estimado en $140 billones para los 32 departamentos y 1.100 municipios del país.

La gran cantidad de demandas contra el Estado con pretensiones que suman más de $900 billones, de concretarse, ponen en riesgo la estabilidad fiscal del Estado, pues de fallarse a favor de los demandantes el fisco nacional no tendría cómo pagarlas.

Un ejemplo: solamente para el presupuesto de 2019 se han destinado $900 mil millones para el pago de sentencias judiciales en contra del Estado, que representan apenas 15% del total.

La revelación la hizo el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, durante su intervención en el Paraninfo de la Universidad Libre, en Bogotá, en el lanzamiento del libro “Responsabilidad del Estado y sus Regímenes”, obra escrita por el exmagistrado y columnista de EL NUEVO SIGLO Wilson Ruiz Orejuela.

“El Estado colombiano ha tenido que pagar una enorme cantidad de recursos por la gran cantidad de falencias que en muchas oportunidades se encuentran en la mala prestación de servicios en materias de salud, medio ambiente, educación, que generan grandes demandas contra el Estado”, dijo el jefe del organismo de control fiscal.

En ese sentido, dijo que solo en el sector Defensa, Justicia y Seguridad Nacional hoy el Estado debe ya más de $6 billones “solo por concepto de sentencias y conciliaciones”.

Incluso, agregó el Contralor General, “recientemente comprobamos cómo esas obligaciones son un taxímetro permanente: de cada $100 millones efectivamente pagados, $35 millones corresponden solo a intereses”.

Cruzada por la salud

Córdoba Larrarte reiteró la preocupación de la Contraloría General por las fallas en la prestación del servicio de salud en el país.

“Francamente en Colombia uno solamente se puede enfermar gravemente en cinco ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, que es donde existen hospitales de cuarto nivel de complejidad. Hay problemáticas muy graves en hospitales como los de San Andrés, Buenaventura y Tumaco, donde hoy están nuestras veedurías verificando todo el esquema de cuentas. Es que son muy graves y serios los cuestionamientos en la prestación del servicio de salud en muchas ciudades del país”, afirmó el funcionario.

El Contralor hizo un llamado a los demás organismos de control y autoridades para adelantar una “cruzada nacional en favor de la salud, porque la gente no da espera, la salud no discrimina edad, color, partido político, religión y mucho menos estrato social. Por eso es de gran importancia la responsabilidad del Estado”.

Lupa a aulas escolares

El jefe de organismo de control fiscal también se refirió a las fallas en la contratación estatal como una de las principales venas rotas para los recursos públicos.

Se refirió concretamente al caso de los retrasos en la construcción de más de 30 mil aulas escolares a cargo de dos empresas: el consorcio Mota Engil y la firma de Germán Mora Insusasti, que no han logrado superar el 14% de avance.

“Esto nos genera gran preocupación por el costo de oportunidad que tienen nuestros niños en el país que no pueden llegar a una buena aula. Estamos hablando de $2,9 billones, los recursos están pero evidentemente no se han logrado ejecutar para el beneficio de nuestros estudiantes”, dijo.

El libro

Sobre la nueva obra del exmagistrado Ruiz Orejuela, el Contralor General de la República destacó en la Universidad Libre que allí se identifican, al menos, 10 tipos de responsabilidad del Estado en su relación con los ciudadanos: corrupción, salud, educación, problemas ambientales, daño a personas privadas de la libertad, violación a los derechos humanos, entre otros excesos.

“Vemos que estos regímenes de responsabilidad del Estado han ido evolucionando casi proporcionalmente en la medida en que se van presentando las falencias del Estado. Esto lejos de ser ‘un deporte nacional’ es un riesgo para la estabilidad fiscal del Estado, y la nación no está preparada para asumir las demandas judiciales”, aseguró Córdoba.

Un aspecto que destacó el funcionario es la iniciativa que cursa en el Congreso que permitirá más eficiencia en el control fiscal en línea.

No obstante, Córdoba formuló un llamado a la ciudadanía para que colabore con ese organismo de fiscalización en la denuncia de situaciones que pudieran comprometer los recursos públicos, y para ello recordó la garantía del anonimato a través de las denuncias que se envíen a través de plataformas digitales y teléfonos móviles.

“Cuando uno encuentra que la Contraloría solo verifica el 17% de los recursos del Estado colombiano, pues encuentra que ese modelo debe cambiar hacia un modelo preventivo, concomitante y posterior, no previo. Desafortunadamente la Contraloría solamente logra recuperar el 0,4% de lo que investiga”, concluyó.