La situación actual de las EPS evidencia el desfinanciamiento del sistema de salud, agravado por parte del Gobierno al incumplir pagos de Presupuestos Máximos (PM), recobros y compensación por parte de Adres que comprometen el flujo de recursos.
En un detenido análisis sobre la forma en que el Gobierno prácticamente ‘arrinconó’ financieramente a las entidades de salud, Anif señala que una muestra de esta situación, es el valor del impago por parte de la Adres hacia la Nueva EPS que asciende a $3,04 billones y hacia Sanitas equivale a $1,53 billones.
Asegura el centro de pensamiento que con la intervención de las EPS por parte del Gobierno, “se pone en riesgo uno de los mayores logros de equidad del sistema y el derecho a la salud de los colombianos. A pesar de que el Gobierno estableció que la intervención de las EPS tiene como objetivo corregir problemas y beneficiar a los usuarios, desde Anif alertamos sobre la decisión. La situación financiera de la EPS es el reflejo de un manejo inadecuado de las finanzas del sistema de salud por parte del Ejecutivo. Además, genera riesgos sobre el flujo de recursos y pone en jaque el aseguramiento y goce efectivo de la salud”.
Los problemas
Explica que “desde inicio de este año la Corte Constitucional identificó problemas con la fijación, reajuste y pago de los Presupuestos Máximos (PM), uno de los principales recursos que fondean la salud. De esta forma, ordenó al Ministerio de Salud saldar las deudas con las EPS. Si bien la Adres giró un monto equivalente a $1,1 billones, correspondiente al 2023 y primeros meses del 2024, esto no cubre el déficit al que se enfrenta el sistema. Este, como hemos mencionado en otros informes, asciende a una cifra cercana a $10 billones según nuestras estimaciones. En esa línea, no solo los PM han representado un reto para las EPS, la falta de cumplimiento de pago por parte de la Adres por concepto de UPC, recobros, compensaciones e incapacidades, implicó que desde el año pasado se viniera alertando una crisis financiera para varias aseguradoras del país”.
Sostiene Anif que, respecto a las EPS recientemente intervenidas, “la deuda más grande por parte de la Adres, con corte a diciembre de 2023, corresponde a la Nueva EPS, por un valor que supera los $3,04 billones. Dentro del rubro más grande de impago se sitúan los recursos por PM equivalentes a $1,05 billones, seguido de la subcuenta de compensación. Asimismo, el rubro de PM es el que más pesa dentro del impago que acumula la Adres con Sanitas y equivale a $735 mil millones, en donde la deuda total asciende a $1,53 billones”.
Debido a la falta de recursos las EPS han acumulado deudas crecientes. Según los datos con corte a diciembre de 2023 de la Superintendencia de Salud, la Nueva EPS acumulaba una deuda por servicios de salud equivalente a $1,01 billones, mientras que en el caso de Sanitas se situó en $993 mil millones. Lo anterior como consecuencia del desfinanciamiento del sistema y el aumento de costos experimentados por parte de los prestadores.
Impacto de pandemia
Frente a ese último frente, vale destacar que se agudizó con la pandemia. Luego del covid-19 hubo un desbalance de las cargas epidemiológicas que recibieron las EPS, por el traspaso voluntario y asignado de usuarios por parte de la SuperSalud ante liquidaciones como la de Medimás.
Con todo y para poder responder con la demanda de sus usuarios, varias EPS han tenido que hacer uso de su propio capital, específicamente de sus reservas técnicas (RT). Ese concepto hace referencia a los recursos que las EPS deben tener disponibles para cumplir con las obligaciones que se derivan de su actividad. como el pago de las prestaciones incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), los servicios y tecnologías incluidos en los Presupuestos Máximos, el plan de atención complementaria (PAC) y las incapacidades.
Por otra parte, se conoció que Cambio Radical presentó una demanda contra la Superintendencia Nacional de Salud, radicada ante el Consejo de Estado, para que se declare nulo el proceso de intervención que se adelantó contra Sanitas EPS. Lo mismo hizo el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien acusó también al presidente Gustavo Petro, de haber actuado en retaliación al hundimiento de la reforma.