Pese a su riqueza en recursos naturales, la triple frontera del Amazonas: Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú), es dependiente de los productos alimenticios provenientes de centros urbanos alejados de la región.
Para contrarrestar la profunda brecha alimentaria que esta situación genera, urgen políticas públicas que impulsen una mayor articulación institucional y reconozcan las tradiciones y necesidades de las comunidades, especialmente las indígenas.
No en vano, el 70 % del abastecimiento de alimentos proviene de Brasil, con productos como azúcar, harina, aceite, leche o arroz, y de Perú, con tomate, papa, frijol, cebolla, lenteja e insumos agrícolas. Así mismo, en el caso de Leticia, capital del departamento del Amazonas, gran parte de las frutas y las verduras llegan vía aérea desde Bogotá.
La experta en temas ambientales Olga Lucía Chaparro Africano, doctora en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Amazonía, afirma que el análisis a la política pública alimentaria en el departamento evidencia la situación de vulnerabilidad y desigualdad que se presenta en poblaciones como Leticia.
Explotación
Factores como la ilegalidad en la explotación de recursos naturales, el tráfico de drogas y la minería afectan a la población urbana y rural de una región históricamente olvidada por el Estado, en donde permanecen los problemas estructurales de educación, seguridad alimentaria, salud o saneamiento básico, a lo que se suma el impacto de la pandemia.
Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en julio de 2021, se estimaba que en la región de la Triple Frontera Amazónica el 59 % de la población del departamento del Amazonas en Colombia enfrentaba inseguridad alimentaria moderada o severa; en la zona fronteriza con Brasil esta cifra era del 42 %, mientras que en las zonas con Perú se calculó en un 49 %.
Para ese momento, factores como las fuertes lluvias y las inundaciones que se presentaron entre abril y junio aumentaron las tasas de malnutrición por la pérdida de cultivos en la región.
Un informe sobre el índice de desnutrición crónica en Colombia, presentado a finales del año pasado por la Fundación Éxito, mostró que las regiones del Amazonas y la Orinoquía son las más afectadas por esta problemática, seguidas de la Región Pacífica.
La investigadora recuerda que “la desnutrición y la malnutrición son un problema de salud pública, pues impactan en el rendimiento escolar, la capacidad laboral y la calidad de vida de las personas, en especial de los niños”.
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Desarticulación
El trabajo doctoral se realizó en cinco etapas, en las cuales se adelantó una revisión de los planes de desarrollo y ordenanzas; se analizó el discurso institucional y la evolución de diferentes conceptos sobre el asunto alimentario en el mundo y en la Amazonía; y se llevaron a cabo 25 entrevistas a personas entre académicos, funcionarios profesionales y técnicos de entidades, instituciones y oenegés encargadas de formular, ejecutar y evaluar las políticas alimentarias.
Así, se identificó que Leticia es una región con condiciones socioeconómicas especiales, ya que el abastecimiento de productos perecederos de origen colombiano se hace por avión, lo cual los encarece.
De igual manera, “aunque existe un interés por parte de las entidades nacionales, regionales y locales, incluso internacionales, para impulsar el desarrollo de proyectos productivos que mejoren la calidad de vida de las poblaciones amazónicas, estos no se mantienen en el tiempo, se proyectan a corto y mediano plazo y esto hace a las comunidades dependientes de recursos externos para subsistir”, afirma.
A lo anterior se agrega el impacto que tiene en el diseño de política pública, el desconocimiento de la cultura, el contexto, las costumbres y necesidades de la región, lo cual limita el acceso a presupuestos sociales y de otro tipo.
Según la investigadora, es esencial y urgente diseñar una política pública con enfoque étnico y territorial, que, además de incluir las perspectivas en seguridad y soberanía alimentaria, priorice aspectos relacionados con la implementación del Acuerdo Final de Paz, como la reforma rural integral.