El Gobierno pretende establecer, en el borrador del decreto que publicó para comentarios, el cobro de un arancel del 40% a la importación de textiles.

La presente administración insistirá en gravar estas compras, por medio del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda, luego que la Corte Constitucional tumbara dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo.

Esta medida del Ejecutivo ha enfrentado a los empresarios del sector, pues mientras unos apoyan la imposición de aranceles para frenar el contrabando, otros conglomerados señalan que es contraproducente para el libre comercio. A este sector lo respalda Fenalco que está en contra de los aranceles.

Esta nueva norma es más drástica ya que en el PND se establecía un impuesto ad valorem de 37,9% a los textiles de US$20 o menos, por kilo y del 10% más tres dólares, a aquellos con precio superior a los US$20.

En su momento, la Corte determinó que la decisión de imponer aranceles a las confecciones no es potestad del Congreso sino del Ejecutivo, por lo que suspendió la medida que se aplicó por casi 3 meses.

En la nueva norma, el Gobierno impone un arancel del 40% ad valorem para los textiles de menos de US$10 por kilo y otro arancel de 15% ad valorem más un dólar estadounidense, para los textiles con precio superior a los US$10 dólares por kilo.

Dice además el artículo 4 del nuevo decreto, que entrará en vigencia transcurridos cinco días comunes contados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial y regirá hasta el 31 de diciembre de 2022.

La controversia

Desde el mismo Centro Democrático ya le llueven críticas al borrador del decreto, por supuesto, también desde sectores de oposición. Lo que dicen los congresistas es que al reducir el tope del precio (antes aplicaba el impuesto más elevado para textiles de US$20 por kilo y ahora para los de US$10) se le está haciendo conejo a lo que pedía el gremio de los textiles nacionales.

“Por encima de US$10 está la gran mayoría de prendas así que el arancel del 40% quedó para prácticamente nada”, dice el parlamentario Cristian Garcés.

Por otro lado, la Cámara Colombiana de Confecciones publicó un duro pronunciamiento de 6 puntos en el que dice que el Presidente Iván Duque le da prioridad a la mano de obra asiática sobre la colombiana.

Señala el gremio que, “desde la Cámara Colombiana de la Confección y Afines -CCCyA- manifestamos nuestro total y profundo rechazo al borrador del decreto arancelario publicado por el Gobierno Nacional. No es coherente ni consistente con las promesas de campaña hechas por el Presidente Duque, gobierno que se hizo elegir ofreciendo proteger la industria nacional de las confecciones mediante la aplicación de los máximos aranceles permitidos por la OMC y que hoy, le está dando la espalda a miles de operarias y a todo el sector”.

El empleo

Sostienen los empresarios que, “el país debe concientizarse que, al importar confecciones con origen de países asiáticos, lo único que está haciendo es perder la oportunidad de emplear a nuestra propia gente en Colombia, garantizando de hecho que esa misma mano de obra se emplee fuera del país. La propuesta expresada en el borrador del decreto para aranceles del Gobierno Nacional establecerá tarifas que privilegiarán la importación masiva de confecciones en detrimento de la mano de obra nacional”.

Indican que, “con esta medida, el Gobierno Nacional está desconociendo por completo el pronunciamiento del Congreso de la República (que es la máxima representación de la ciudadanía) con los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo. El sector textil-confección no apoyará esta decisión del gobierno de Iván Duque. Exigimos que se cumpla lo prometido por el Presidente en campaña, que además fue ratificado por la ciudadanía a través de sus representantes en el Congreso de la República. Nos remitiremos a nuestros capítulos regionales y agremiados, con el fin de analizar las nuevas medidas a tomar, entre las que no descartamos unirnos a la movilización ciudadana”.