LA DECISIÓN del Gobierno de privilegiar las tarifas de la gasolina en el país y de no aumentar el precio del diésel durante este año, podría complicar la meta de cubrir con alzas el déficit fiscal del Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles (FEPC).
Según cuentas del Gobierno, por declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, "en 2021, a nombre de la pandemia el Gobierno congeló el precio, el déficit fue de $ 11,4 billones y lo pagó del Presupuesto General de la Nación, es decir, lo volvió un gasto recurrente. En 2022 fue de $ 36,7 billones y el Gobierno saliente pagó $ 10 billones, otra vez del presupuesto".
Las cifras del ministro señalan que en 2023 el déficit del Fondo se redujo a $ 17,8 billones, que se tendrán que pagar en 2024, y del que $ 4 billones son por gasolina y el resto por diésel, que aún no se ha modificado. "Si seguimos en las mismas condiciones, en 2024 tendremos un déficit de medio billón de pesos por el diésel".
Esta situación, sin embargo, podría complicarse debido al compromiso con los taxistas de colocar una tarifa diferencial o subsidios a los taxistas a partir del aumento de $ 600 de la gasolina en septiembre.
Protestas
Ya en las protestas de ayer por los altos precios de la gasolina impulsadas por los motociclistas, pequeños transportadores de productos, así como propietarios de vehículos particulares, se dejó entrever que, así como se les han otorgado esos beneficios a los taxistas, los otros sectores también van a reclamar beneficios. Incluso una parte del gremio de los camioneros ya anunció que van a protestar por los incrementos o por lo menos presionar para que no se suban los precios del diésel.
Ante las manifestaciones en varias ciudades por las tarifas de los combustibles, el ministro Bonilla, las calificó como injustificadas, pues afirmó que el diésel a nivel nacional se ha mantenido desde hace meses en $ 9065 por galón.
“El Gobierno no ha subido el precio del diésel ni ha contemplado incrementos este año del precio del diésel. No hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que está subiendo el precio del diésel”, expresó el ministro. Y recalcó que el objetivo detrás de estas manifestaciones es “absolutamente electoral y político que no podemos aceptar”.
Al respecto, Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, dijo que “no estamos protestando únicamente por los precios del diésel, sino en solidaridad con el pueblo colombiano en general”.
El diésel
Por su parte, el presidente Gustavo Petro reiteró a través de sus redes sociales que el diésel, durante su Gobierno, no ha subido, así como tampoco los peajes.
“La mayoría de la flota de camiones del país usa diésel y paga peajes en las carreteras de Colombia. El combustible y los peajes representan cerca del 85% de sus costos. Precisamente, desde que inició mi Gobierno, tanto el diésel como a los peajes se le congelaron sus precios”, indicó el jefe de Estado.
Cabe recordar que el ministro Bonilla ha señalado que el aumento del valor del diésel será más paulatino respecto a lo establecido con la gasolina, pues comentó que este alcanzaría el precio internacional en el 2025.
“Vamos a llegar a precio internacional, aún nos faltan tres meses de aumentos para lograrlo. Pero después tendremos que pensar en el Acpm, el diésel, y sabemos que será doloroso, pero hay que hacerlo, porque hay que cerrar esa brecha y dejar de entregar ese subsidio”, señaló el ministro.
Esta afirmación fue confirmada por el ministro de Transporte, William Camargo, quien afirmó que este año no habrá cambios en el diésel, pero se empezará el incremento desde el 1° de enero del 2024.
En ese mismo sentido, los representantes de los transportadores agrupados en Fedetranscarga, Defencarga o Colfecar han insistido en la necesidad de replantear la fórmula utilizada para definir los precios del diésel, clave para el movimiento de los bienes y servicios que demanda el país.
Asimismo, en el ambiente de las gasolineras quedó la duda de cómo el gobierno implementará el descuento en las tarifas para los taxistas a partir de septiembre, esto debido a la complejidad técnica.
El ministro Camargo explicó que el Gobierno planea controlar el acceso a esta tarifa con un código QR, un chip o una asignación de cupos mensuales hasta cierto rango para los municipios. Para hacerlo, revisarán las características de cada taxi y el kilometraje que alcanza.
“Inicialmente, lo que estamos previendo es que el siguiente aumento no aplique para los taxis. Eso implicaría que ellos diariamente, que tanquean del orden de cinco a seis galones, tengan una disminución del orden de $ 3000 por tanqueo. Eso en el balance final, mensualmente son entre $ 90.000 y $ 120.000”, dijo Camargo.
El cobro
De acuerdo con el funcionario, con el propósito de controlar que solo los vehículos habilitados puedan beneficiarse de la tarifa diferencial, se emplearían tecnologías avanzadas, como códigos QR, bases de datos y sistemas de inteligencia artificial para rastrear y verificar los consumos reales de combustible.
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También se pretenden implementar controles adicionales, como la identificación del propietario del vehículo y la revisión de los kilómetros recorridos.
Asimismo, se buscará prevenir el retanqueo mediante la verificación de pagos de seguridad social en los vehículos y la identificación individualizada a través de los códigos QR. Esto impediría que un mismo taxi pueda tanquear varias veces seguidas y revender la gasolina a un precio mayor.
“Ya tenemos acceso a una base de datos completa de todos los taxistas registrados en el país, lo que incluye información sobre los vehículos, sus propietarios y su consumo de combustible mensual y anual. Esta información se cruzaría con los consumos mensuales y los kilometrajes obtenidos durante las revisiones técnico-mecánicas”, anotó el funcionario.
Sin embargo, existen preocupaciones sobre la falta de control de la medida, que podría causar detrimento fiscal ante una deficiente vigilancia y el crecimiento de contrabando, entre otros temores.
Según Alejandro Rivera, vocero de la federación de estaciones de combustibles, aplicar una tarifa diferencial para los taxistas podría generar lo que los expertos llaman contrabando técnico, es decir, que los conductores de taxis reciban el beneficio y después vendan el combustible en un mercado alterno a un precio mayor.
Esta misma preocupación la comparte José Manuel Moreno, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, quien asegura que, aunque, en teoría, una tarifa diferencial es viable, esta propuesta también abre la puerta a prácticas ilícitas, como el contrabando o desvíos de gasolina, si no se hace un control estricto en la asignación de este beneficio.
De acuerdo con Moreno, la medida podría generar un detrimento fiscal debido a la mala entrega o al deficiente control en el seguimiento de la asignación de los beneficios.
Problemas de logística
A su vez, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, sostuvo que un precio diferencial puede llegar a complejizar la operación de las estaciones de servicio porque esto les implicaría tener que reforzar sus controles sobre su personal y sus equipos para evitar adulteraciones.
Para Vera, si bien esto se podría lograr con la implementación de un software y hardware especializado en las estaciones y chips en los vehículos, esto podría resultar costoso y requeriría tiempo y controles en campo para evitar distorsiones.
“Se puede hacer, pero sería costoso, de difícil control y por esa vía rápidamente todos los sectores van a tener un argumento para pedir lo mismo. Es mejor pensar en otro tipo de medidas para mejorar estructuralmente la competitividad del sector”, concluye Vera.
Por otro lado, y de acuerdo con el último reporte del DANE, en julio frente a diciembre de 2022, el Índice de Costos de Transporte de Carga registró una variación de 2,86%. El grupo combustibles (0,81%) registró una cifra por debajo del promedio nacional. Por otra parte, los grupos costos fijos y peajes (3,37%), insumos (5,31%) y partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (7,99%) presentaron variaciones por encima del promedio nacional.